La Unión Europea (UE), a través de su brazo armado financiero, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha enterrado en el almacén submarino de gas Castor la friolera de 500 millones de euros, casi un tercio (el 29,4%) del coste final del proyecto, que según ACS se ha disparado finalmente hasta los 1.700 millones.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no quiere saber nada del problema en el que se ha convertido el almacén que provocó más de 500 terremotos en septiembre y cuya autorización de explotación ha sido devuelta al Estado.
El Gobierno español mantiene un conflicto con el grupo que preside Florentino Pérez, que a través de su filial Escal UGS controla el Castor, sobre la indemnización que tendrá que cobrar esta última tras el cierre del almacén y la rescisión de la licencia de explotación.
Y desde Bruselas se defiende que éste es un problema estrictamente español, que no incumbe a las autoridades comunitarias, pese a las reclamaciones de una docena de asociaciones ecologistas y a las peticiones realizadas por algunas formaciones políticas en el Europarlamento.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Jyrki Katainen, ha echado un jarro de agua fría a las aspiraciones de todos ellos, al señalar que “la Comisión no ha participado en los acuerdos contractuales entre el Estado español y el promotor del proyecto” y por lo tanto “no está en condiciones de hacer comentarios sobre la incidencia presupuestaria que podría tener para España la cláusula mencionada en la pregunta”, ésa que permite a Escal UGS cobrar su indemnización aún en el caso de haber incurrido en dolo o negligencia en el proceso de construcción del Castor. El Supremo respalda también ese derecho de Escal.
El Comisario Katainen dice que el proyecto no ha recibido ni un euro de la UE, pero el BEI ha enterrado en él 300 millones en bonos y 200 millones en líneas de crédito
Katainen respondía así a la pregunta planteada en la anterior legislatura por el ahora ex eurodiputado por los Verdes, Raúl Romeva, que pidió explicaciones a la Comisión sobre “la socialización de una deuda que tiene origen en un proyecto privado” y se preguntó si la CE iba a tomar medidas “para evitar que los ciudadanos acaben pagándola”.
El Comisario afirmó que el polémico proyecto “no ha recibido ninguna contribución del presupuesto de la UE”.
Sin embargo, el BEI, el denominado organismo financiero de la propia UE del que la imputada Magdalena Álvarez fue vicepresidenta, invirtió de forma directa 300 millones de euros en la compra de los bonos emitidos por Escal UGS para financiar el almacén gasista.
Además, dio luz verde a una línea de liquidez de otros 200 millones, que se destinó a financiar a los inversores institucionales que acudieron a la colocación de los bonos, por un monto total de 1.400 millones de euros colocó con éxito ACS (Escal UGS) en los mercados internacionales.
“El escaqueo de Bruselas sorprende ahora con todo el conflicto sobre la mesa, pese a que en octubre pasado dijo estar encima del proceso y seguir muy de cerca los acontecimientos y las conclusiones de los estudios tras los terremotos”, afirma una fuente consultada conocedora del proceso.
El 18 de julio pasado, Escal UGS presentó ante Industria la solicitud de devolución de la autorización para explotar el Castor durante 25 años. El Ministerio está a la espera de recibir los informes de dos universidades estadounidenses sobre si la causa de los terremotos fue la inyección de gas en el almacén, tal y como ya han confirmado el IGME y el IGN en España.
A partir de ahí, el Gobierno tendrá que decidir la cuantía de la indemnización que percibirá su dueño.
