La economía colaborativa es un asunto que tradicionalmente ha sembrado la discordia en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las diferentes perspectivas que han existido en el regulador sobre el futuro de actividades como el taxi o los apartamentos turísticos han provocado sonoros enfrentamientos entre los miembros de su Consejo. La sentencia que ha publicado este miércoles el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Uber (Uberpop) ha abierto un debate sobre la forma en la que la CNMC debe considerar a partir de ahora a las empresas nacidas al calor de la economía digital. En su seno, confluyen posturas encontradas al respecto.
El Consejo del regulador deberá tener en cuenta a partir de ahora que, dentro de la UE, Uber será considerado como un servicio de transporte, y no exclusivamente como una plataforma digital de intermediación. Los taxistas afirman que este cambio tendrá un gran impacto en la actividad de estas empresas, al contrario que la CNMC, que en una publicación realizada este miércoles recuerda que Uber –y otras compañías similares- operan en España según las exigencias de la legislativa vigente y con licencia del régimen conocido como “VTC”.
Ahora bien, otras fuentes del regulador llaman a extremar la prudencia a la hora de pronunciarse en el futuro sobre la economía colaborativa, ya que esta sentencia considera que Uber es un “híbrido” entre la economía tradicional –transporte- y la digital; y ese concepto podría extenderse en los sucesivo a otros sectores, como el de los alojamientos turísticos.
En el blog de la CNMC -sin el conocimiento del Consejo- ha aparecido este miércoles el siguiente mensaje: “No se deben imponer restricciones a la libertad de establecimiento y circulación de los operadores salvo que sea absolutamente necesario y proporcionado para salvaguardar un determinado interés público legítimo, y siempre con la vista puesta en el interés general y no en el de los posibles operadores afectados”.
Una parte de su Consejo llama a que la CNMC sea más "comedida" que hasta ahora a la hora de pronunciarse sobre la actividades de estas nuevas empresas, que en ocasiones han bordeado los límites de la legislación vigente. Sin ir más lejos, la Inspección de Trabajo exigía recientemente a la empresa de reparto Deliveroo más de 160.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social no abonadas por sus trabajadores.
Dura pugna interna
No hay que olvidar que en marzo de 2016, la CNMC publicó las conclusiones preliminares de un estudio sobre la economía colaborativa que hacía varias referencias al sector del transporte de viajeros. El documento proponía acabar con el régimen concesional en el sector del autobús, salvo en el caso de las líneas deficitarias. En cuanto al taxi, apostaba por eliminar cualquier restricción de acceso que suponga la imposición de numerus clausus a la oferta de taxis y vehículos con conductor VTC.
También pedía la supresión de las licencias territoriales de taxi, en cuanto a que –consideraba- crean barreras geográficas innecesarias. Asimismo, apostaba por eliminar determinados requisitos para el transporte en vehículos con conductor, como los relativos a las dimensiones mínimas del vehículo, la potencia mínima, la antigüedad máxima, la limitación a modelos concretos de vehículo o el equipamiento mínimo.
La publicación de este informe causó un incendio en el regulador. Principalmente, porque la mayoría de los consejeros acusó al entonces director de Promoción de la Competencia, Antonio Maudes, de haberlo difundido sin haber obtenido el visto bueno del Pleno. De hecho, estos consejeros maniobraron, sin éxito en ese momento, para que fuera destituido.
Una parte de los miembros del Pleno se posicionó entonces en contra del contenido de ese estudio –según detallaron fuentes internas-, entre otras cosas, porque consideraba que ofrecía una visión “demasiado positiva” de determinadas empresas encuadradas en la economía colaborativa y no analizaba “de forma exhaustiva” los perjuicios que podría generar en los licenciatarios del taxi la expansión “incontrolada” de servicios como el que ofrece Uber. De hecho, no es ningún secreto que asociaciones de profesionales de este sector, como Fedetaxi, han llegado a pedir la dimisión del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, “por haberse quedado solo en Europa en su defensa de Uber”.
Los informantes del regulador consultados por Vozpópuli afirman que el estudio sobre la economía colaborativa ha estado aparcado durante varios meses por las dificultades para consensuar una postura en el Pleno del organismo y por lo complicado que resulta pronunciarse sobre una actividad con posturas tan enfrentadas.
Entre las ideas que se han barajado durante las últimas semanas dentro de la CNMC se encuentra la de realizar dos informes específicos sobre las dos actividades de economía colaborativa más extendidas: la del transporte, que afecta a Uber, Cabify o Blablacar; y la de los alojamientos turísticos, que está relacionada con el negocio de Airbnb y similares.
