El Gobierno ya tiene listo el Real Decreto que, una vez desarrollado, obligará a que todas las viviendas que se compren, vendan o alquilen a partir del próximo año dispongan de una etiqueta de eficiencia energética similar a las de los electrodomésticos.
La norma, que podría aprobar mañana el Consejo de Ministros, parte de una directiva de la Unión Europea del año 2002 que España todavía no había traspuesto en su integridad, lo que motivó una denuncia de la Comisión Europea ante el tribunal de Luxemburgo en noviembre pasado. La cuestión del ahorro energético, que hasta ahora no ha aparecido entre las prioridades del ministro de Industria, José Manuel Soria (está volcado en la búsqueda de una solución para el problema del déficit tarifario), preocupa a Bruselas, que recuerda que los edificios son responsables de alrededor del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 en la UE.
La etiqueta energética, que la citada directiva europea pretendía implantar en 2006, ya era obligatoria en España desde 2007, pero sólo en algunas comunidades autónomas y únicamente para los edificios de nueva construcción y para los sometidos a obras de remodelación relevantes. Ahora, este distintivo (que va de la “A” a la “G”, en función de la eficiencia energética del inmueble), debería ser imprescindible para cerrar una transacción de compraventa o alquiler.
Tras la publicación del decreto, estará pendiente su desarrollo reglamentario, que debería definir antes de seis meses quién puede otorgar los distintivos, bajo qué criterios, la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y las sanciones, en su caso.
El responsable de encargar la realización de la certificación energética del inmueble será el propietario del mismo. La gran pregunta que surge es cuánto costará ese certificado, que, en principio, deberá expedir una empresa autorizada y que tendrá una vigencia de diez años. Desde la patronal Anese no se atreven a poner un precio para un mercado que todavía no se ha creado; por su parte, Jorge Marco, socio de la aragonesa Efiactiva, especializada en eficiencia energética, da una referencia: en otros países de la UE, un estudio de este tipo para una vivienda de unos 90 metros cuadrados tiene un coste de unos 300 euros. Su empresa ya realiza auditorías de edificios enteros, pero el que está por venir “es un mercado mucho más grande”, dice.
El borrador que los ministerios de Industria y Fomento publicaron en febrero pasado para su consulta pública, que recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) hace un mes, establece una serie de excepciones a la obligatoriedad de las etiquetas: entre otros supuestos, no serán necesarias para edificios industriales y agrícolas, los que vayan a demolerse, los utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas y, en el caso de edificios de viviendas, aquellos que sean objeto de un contrato de arrendamiento por un tiempo inferior a cuatro meses al año.
