El Banco de España indicó por carta a Bankia que debía exigir a los 72 directivos que cobraron su bonus con cargo a 2011 la devolución del mismo. Así lo hizo la entidad, parapetándose detrás del documento enviado desde la institución que comanda Luis M. Linde.

En el grupo que preside José Ignacio Goirgolzarri estaban por la labor de proceder a la devolución, aunque la orden tajante del Banco de España, fruto, evidentemente, de la presencia de los ‘hombres de negro’ de la troika, que están presentes en el caserón de Cibeles después de que se solicitara un rescate bancario y se esté a la espera de la solicitud de uno para España.

Efectivamente, se hacía muy duro de aceptar el pago de recompensas por objetivos conseguidos a ejecutivos de una entidad cuyas cuentas reformuladas arrojaron pérdidas de 3.000 millones y que, sin ir más lejos, este viernes presentó otros 7.000 millones, las peores cifras jamás vistas en una entidad bancaria española.

Malestar

Aun así, sigue habiendo malestar entre los ejecutivos afectados, que comentan que el nuevo equipo directivo debería haberles defendido. Según alguno de estos empleados de alto standing, el negocio operativo de la compañía sigue siendo el mismo; las pérdidas llegan por deterioro de carteras, pero “si alguien dedicado al propietary trading del grupo, a la gestión de fondos de pensiones o a la banca de inversión hizo bien su trabajo, es injusto que se le discrimine, sobre todo si no tuvo nada que ver con la salida a Bolsa, la colocación de preferentes en la red o los créditos inmobiliarios”.

De hecho, algunas de estas fuentes comentan que “siempre hemos visto con ojos críticos algunas prácticas e incluso hicimos público nuestro desacuerdo”. Pero “las cifras de negocio operativo siguen estando ahí, a pesar de que se actualicen las cuentas con fuertes pérdidas”, indica una fuente afectada por este asunto.

Conviene recordar que la solicitud de la retribución variable la realizó el antiguo equipo directivo, comandado por Rodrigo Rato, que planteó al Banco de España el cobro del 80% del bonus, con la renuncia expresa de todo el consejo de administración a cualquier tipo de pago por objetivos. El organismo, cuyo gobernador era entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dio luz verde al pago, con un leve recorte hasta el 70%.