La posición de la Eurocámara a favor de endurecer los objetivos medioambientales para 2030 no ha caído bien en el Gobierno español, en pleno debate sobre la transición energética y con un escenario parlamentario que hace muy complicado sacar adelante normativas. El Parlamento Europeo es favorable a que la meta para 2030 sea que la producción renovable alcance el 35% del total (frente al 27% establecido inicialmente). Una cifra que el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, considera que no es razonable.
El número dos del Ministerio lo hizo en presencia del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y de David G.Victor, profesor y experto en política internacional energética de la School of Global Policy & Strategy de la Universidad de San Diego. Los tres intervinieron en un debate sobre transición energética organizado por la escuela de negocios Esade, una de cuyas conclusiones fue que no existe un solo camino para llevar a cabo la por todos considerada como obligatoria descarbonización de la economía. La alternativa de vías y los intereses de cada país hace difícil que los países miembros de la Unión Europea alcancen un acuerdo.
A preguntas del público asistente, Navia se mostró confiado en que, finalmente, se llegará a un acuerdo aunque, eso sí, "dependerá de la sensibilidad del Parlamento. Por ahora, el acuerdo está más cerca en el Consejo". Y recordó que, en cuestiones como éstas, "no sabremos si hay una solución hasta los últimos minutos".
En cualquier caso, el objetivo del 35% no entra en los esquemas del Gobierno. "Tenemos que hacer una transición energética pero manteniendo los estándares de vida de los ciudadanos, con sus hábitos de consumo". Para que esto sea posible, consideró que la incorporación de las renovables debe ser gradual y recordó el papel relevante que desempeñarán el gas y el carbón en esta transición.
Unificar el coste de las emisiones
"Cuando veo los estudios de Greenpeace, acerca de una energía 100% renovable en un futuro inmediato, me doy cuenta de que, más que una previsión, es un deseo".
El debate también se centró en la necesidad de unificar un precio para las emisiones de dióxido de carbono. "La medida más eficiente es establecer un único precio para las emisiones", sostuvo Imaz, que incluso fue más allá al considerar que la cifra debería estar en el entorno de los 40 dólares por tonelada. El consejero delegado de Repsol consideró que por debajo de esta cantidad el estímulo para reducir las emisiones no es suficiente.
Mientras, el profesor David G.Victor aseguró que el proceso de descarbonización será largo y, por lo tanto, las fuentes de energía tradicionales deberán tener su papel en la transición. Para Victor, la que más relevancia tendrá será el gas natural, para el que auguró un brillante futuro. Un punto en el que también puso énfasis el consejero delegado de Repsol, precisamente cuando la compañía está en proceso de abrirse a nuevas áreas.
"Por supuesto que seremos una empresa multienergética. El gas natural será muy importante, el coche eléctrico está ahí. Reducir las emisiones es una obligación para las empresas". Imaz recordó que muchos de los inversores institucionales que apuestan por Repsol cuentan con criterios de sostenibilidad. "La compañía tiene que ser parte de la solución; de lo contrario, los inversores no llegan".
