Los despachos de abogados de las grandes eléctricas ya tienen avanzados sus recursos contra la controvertida medida del Gobierno para frenar la escalada de los precios. Una batalla que se está librando en Bruselas y que espera que también aterrice en el Tribunal Constitucional. “Este real decreto ley presenta indicios de inconstitucionalidad en el instrumento elegido”, señala Luis María Cazorla, catedrático y letrado de las Cortes Generales.
El catedrático, junto con la firma de abogados Cuatrecasas, espera que este decreto desate “una creciente litigiosidad” a través de recursos ante los tribunales españoles, denuncias ante la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa europea o arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
Los expertos concretan que el polémico exceso de retribución del sector eléctrico, conocido también como ‘el hachazo a las eléctricas’, contiene “más de una arbitrariedad”. “Puede situar a determinadas instalaciones en una situación de producción a pérdidas”, explica el catedrático y letrado de las Cortes Generales.
Juan Carlos Hernanz, socio de Cuatrecasas y experto en regulación energética y sector eléctrico, considera que esta minoración de la retribución de las eléctricas es una medida que pretende una reducción de precio de la factura, pero que no lo consigue. "Cuando entramos en el detalle de la medida, el comprador no va a tener una sola rebaja por esa minoración”. Hernanz matiza que esta minoración de ingresos "es en realidad una obligación de pago y puede acabar generando discrepancia judicial”.
Fallos políticos
Luis María Cazorla ve que esta controvertida normativa “alimenta, desgraciadamente, un proceso general de desparlamentarización al que han contribuido todas las fuerzas políticas”, y que presenta además “indicios de inconstitucionalidad en el instrumento elegido".
“Si después de un ahondamiento jurídico creemos que esta no es una prestación patrimonial obligatoria, sino la privación de un derecho del ordenamiento jurídico, me preocupa desde el punto de vista de la constitucionalidad”, ha añadido el catedrático en este análisis que ha realizado junto a Cuatrecasas.
Mario Sáez, asociado senior Área de Energía y Regulación en Dentons, comenta en este sentido con Vozpópuli que “el decreto se va a estudiar con mucho detalle por todos los afectados y sin duda se encontrarán argumentos para impugnar su constitucionalidad”.
El abogado recuerda que este asunto “tendrá un recorrido largo”. Desde el sector jurídico consideran que, como mínimo, podría aparecer una solución judicial para este conflicto en cinco años. La vía más rápida consideran que ambas parten negocien para solucionar este problema y que no sólo se dependa de los tiempos procesales. “Seguramente algunos recursos tendrán visos de prosperar y serán considerados por el Tribunal Constitucional. El argumento de la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad será uno de ellos, y habrá también otros de fondo”, comenta Mario Sáez.
Nueva ola de arbitrajes
Los juristas aseguran que esta controvertida norma sobre el sector eléctrico recuerda a aquella que provocó en 2013 la oleada de arbitrajes con la reforma del régimen de las renovables. Alberto Fortún, socio del área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, relata que aquella reforma se inició también con un real decreto que se convirtió en ley pero que se desarrolló a través de órdenes ministeriales que llegaron un año más tarde, y, por lo tanto, “favoreció un terreno de inseguridad jurídica durante más de un año”.
Sobre ese precedente, Fortún puntualiza que la anterior reforma “ha dado pie a 55 arbitrajes sobre los que ya se han producido 19 decisiones, de las cuales 15 han condenado a España a pagar daños por valor de más de 1.000 millones de euros”, y que, independientemente de su monto, han alentado en el extranjero la sensación de que “la inseguridad jurídica se ha deteriorado en nuestro país”.
