Los nombramientos de José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social y Arancha González Laya como ministra de Asuntos Exteriores parecen un claro mensaje de Pedro Sánchez a los mercados y a Bruselas en clave de compromiso con la ortodoxia presupuestaria, pero podrían ser el germen de fricciones en sus futuras reuniones ministeriales.
Ambos -técnicos, independientes y del gusto de Europa (él trabajó en el Banco Central Europeo y ella viene de la ONU)- son reputados profesionales que gozan del respeto de todos los partidos y se consideran adalid del rigor económico, pero tendrán que compartir mesa y debate político con otros ministros que se sitúan en sus antípodas ideológicas, como Pablo Iglesias o Alberto Garzón.
Sánchez ha reforzado así la imagen del Gobierno que hasta ahora sólo representaba Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Ejecutivo y principal conexión del Reino de España con la Comisión Europea y el resto de instituciones internacionales, como la OCDE o el FMI.
El compromiso que muestra siempre la ministra con las normas fiscales europeas -necesidad de reducir déficit público y bajar el nivel de deuda pública sobre PIB-, al tiempo que se aplican medidas sociales para conseguir un crecimiento inclusivo y menos desigualdad, y se avanza en las grandes reformas estructurales que necesita el país, lo abanderan también estos dos nuevos cargos.
El compromiso con Bruselas
Escrivá, artífice de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha sido desde 2014 el "pepito grillo" de los distintos gobiernos, exigiendo siempre el cumplimiento de los compromisos con Bruselas, recordando a los Ejecutivos que sus previsiones no eran viables, y revisando incluso en el marco de su Spending Review (proyecto de evaluación del gasto público) qué políticas públicas no eran eficientes y cómo debían modificarse.
En el marco de esos estudios, Escrivá ha defendido medidas para mejorar la eficiencia de Correos, como que se reparta menos días y se privatice parte de la red -cuyo impacto fue estimado en 300.000 despidos por parte de los sindicatos-; ha puesto en duda la manera en que se conceden becas universitarias; y ha afirmado que los 6.500 millones de euros que se destinan a políticas de empleo son inútiles, entre otros.
Su punto de vista, en algunos aspectos liberal, choca con la ideología comunista que defiende el futuro ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien critica abiertamente el capitalismo y el neoliberalismo.
El sucesor de Cayo Lara en Izquierda Unida y el propio Iglesias se presentaron juntos a las elecciones generales de diciembre de 2015, y de nuevo a las de junio de 2016, con un programa en el que reivindicaban plantar cara a Bruselas: "El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía".
Por supuesto que Bruselas nos prorrogará otra vez la fecha para reducir el déficit. El propósito es quemarnos, así sea a fuego lento.
— Alberto Garzón? (@agarzon) January 11, 2013
"Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de Bienestar", apuntaban. De repetirse, este discurso podría incomodar profundamente a sus futuros compañeros en el Consejo de Ministros.
Reparto de tareas
Las discordancias, no obstante, no deberían suponer un problema de gobernabilidad si cada uno de los ministros se limita a actuar en la parcela que tiene asignada, sin interferir en la del resto.
En este sentido, Sánchez se ha asegurado de que los ministerios de peso económico caigan en su lado: Calviño como vicepresidenta económica tendrá la última palabra en todas las medidas, Hacienda seguirá a cargo de María Jesús Montero, Escrivá gestionará la Seguridad Social y González podría tener potestad sobre Comercio -a pesar de ser la representante de Exteriores y no de Industria-. Sólo Trabajo quedará en manos de Unidas Podemos, a cargo de Yolanda Díaz, fiel de Iglesias.
El presidente Pedro Sánchez pretende constituir en su Gobierno el mejor equipo económico de la democracia española", dice Moncloa
Esta asignación de tareas implica que Escrivá no interferirá a priori en las medidas de ingresos y gastos, clave en la relación con Bruselas, sino que se ocupará de lo relativo a la Seguridad Social y el sistema público de pensiones.
Su posición a este respecto no es del todo del gusto de Podemos (a pesar de que Escrivá asume la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC), ya que aunque es partidario de fomentar la inmigración y la natalidad, defiende también ahondar en las reformas paramétricas del año 2011, lo que implica no olvidar el factor de sostenibilidad (ideado para tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo de la pensión pública).
Es partidario también de retrasar la edad real de jubilación y aumentar el periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión, medidas contrarias a la voluntad de Podemos.
