El Gobierno aprobaba la semana pasada 170 declaraciones de impacto ambiental de más de 200 de proyectos de energías renovables. Un avance administrativo en el sector que se miraba con lupa tras más de dos años de atasco. La banca de inversión internacional sigue avisando a sus clientes que España cuenta con un problema burocrático en la tramitación de estos proyectos.
Credit Suisse alertan en sus informes sobre esta situación. El banco suizo analiza en un informe que comparte con inversores y empresas, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que 2023 será “otro año de importante intervención política”. En referencia a España, Credit Suisse apunta que es el país de Europa que peor ratio tiene entre proyectos eólicos con permisos de desarrollo, 22.100 megavatios (MW), y ‘solo’ 2.400 MW en construcción.
Países como Francia logran tener en construcción la misma potencia con un tercio del atasco burocrático. El informe también evidencia que España es uno de los países que duplica la media de los tiempos de concesión de permisos para los proyectos renovables. “La aceleración en la tasa de implementación necesita el apoyo de los estados miembros de Europa mediante la reducción de la burocracia”, explican los analistas en su informe.
Este informe se comparte entre el sector a la espera del siguiente paso del equipo de Teresa Ribera, que tendrá que llegar en julio. El Ministerio para la Transición Energética afronta ahora la autorización administrativa de construcción de los 154 expedientes que han pasado la prueba del 25 de enero.
Para Credit Suisse que países como España o Polonia dilaten tanto el proceso de obtención de permisos es el principal motivo del retraso en el despliegue de la capacidad eólica y solar en Europa. Las trabas que se producen en el proceso, según recuerda Credit Suisse, son la falta de digitalización en el proceso, los problemas de recursos dentro de las autoridades locales, los retrasos causados por apelaciones legales y la superposición de responsabilidades entre diferentes autoridades.
“Otros desafíos que enfrentan los desarrolladores de activos renovables en Europa incluyen la falta de claridad regulatoria, las limitaciones de la cadena de suministro, la inflación de costos y la disponibilidad de personal”, concluyen en su informe.
Bajada de precios en España
La potencia de los proyectos evaluados, antes del 25 de enero asciende a 35.879 MW, de los que 27.943 MW han obtenido la DIA favorable; corresponden a 132 proyectos fotovoltaicos (24.752 MW) y otros 20 eólicos (2.897 MW).
“Aunque la aceleración en la tramitación de permisos supone una buena noticia para una mayor implantación de energías renovables en España”, señalan los analistas de Renta 4, “la aprobación de tanta capacidad renovable de forma simultánea puede impulsar a la baja los precios de los acuerdos a largo plazo o PPAs y los precios de la electricidad del mercado mayorista en las horas solares, lo que en consecuencia podría reducir la valoración de los proyectos en Ready to Build, que hasta ahora era un activo muy valioso por su escasez”.
Toque de atención de Bruselas
Tras el pasado 25 de enero, la Comisión Europea dio a España dos meses de plazo para transponer plenamente la directiva sobre energías renovables en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, y el transporte, tras observar un retraso de casi siete meses.
Si España no cumple con este requerimiento, Bruselas puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión envió un dictamen motivado a España por no haber completado la transposición de las normas europeas para fomentar el uso de fuentes renovables en diversos sectores.
La directiva en cuestión establece un objetivo vinculante a nivel de la UE para 2030 de al menos un 32 % de energía renovable. La normativa incluye medidas para garantizar que el apoyo a la energía renovable sea rentable y simplifica los procedimientos administrativos para los proyectos. Otro argumento más para acelerar los procesos burocráticos en el sector ‘verde’.
