España acumula ya ocho demandas de arbitraje ante el Ciadi, organismo perteneciente al Banco Mundial y con sede en Washington. Siete de ellas responden a los recursos que distintos fondos de inversión y firmas internacionales han interpuesto contra la reforma energética, que ha supuesto un hachazo a las llamadas primas de las renovables de más de 1.700 millones de euros.
Al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, firmado por más de 50 países y por el que cualquier empresa que entienda atacados sus intereses por el Gobierno de otro país puede abrir un proceso de arbitraje internacional, el año pasado se presentaron tres denuncias contra los recortes a las renovables y en lo que va de ejercicio ya son cuatro. Es previsible que el goteo de demandas continúe en los próximos meses.
Con las ocho denuncias registradas, España ya es el país de la Unión Europea con más recursos en el Ciadi, con el impacto que esto tiene sobre su imagen y las potenciales inversiones internacionales. Supera a Hungría, que suma siete, Croacia, con tres, Grecia, Rumanía, Eslovenia, Polonia y Bulgaria, con dos, y Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Chipre, Letonia y Eslovaquia, que tienen una cada uno. Acapara prácticamente la cuarta parte de las 35 presentadas en Europa.
En el resto del mundo, sólo Venezuela, con 27 denuncias, Argentina, con 16 y Egipto, con 12, tienen abiertos más litigios en el Ciadi que España. Con los cuatro recursos de este año, ha superado a países como Uzbequistán (5), Perú, Costa Rica o Indonesia, que acumulan cuatro casos. De los países desarrollados, tras España se sitúa Canadá, con tres denuncias, las mismas que tienen países como Filipinas, Pakistán, Guinea, Gambia, Túnez o Turkmenistán.
España supera a países como Uzbequistán, Gambia, Turkmenistán, Costa Rica o Indonesia en demandas internacionales
La última demanda que ha recibido España en el tribunal del Banco Mundial ha sido la del grupo Renergy, propiedad de la familia mexicana de ascendencia cántabra Gómez-Sainz. La registró el pasado 1 de agosto y estará defendida por Cuatrecasas y Gonçalves Pereira. Este despacho también representa al fondo internacional Infrared Capital Partners, que presentó una demanda contra la reforma del ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado 3 de junio.
Unos días antes, el 23 de mayo, el gigante estadounidense NextEra, había hecho lo propio. Y el 11 de febrero lo hizo la firma de inversión estatal de Abu Dhabi Masdar Solar, que participa en Torresol. Su defensa la ejercita Allen & Overy, que también asesora al fondo vinculado a BNP, Antin Infraestructure Services Luxembourg, a RREEF Infraestructure, otro fondo ligado al Deutsche Bank, y al británico Eiser. Las tres presentaron sus demandas a finales de 2013.
Al margen de las siete demandas contra el recorte a las renovables, el Ciadi también tiene pendiente un recurso de arbitraje contra el Reino de España que Inversión y Gestión de Bienes (IGB) e IGB Las Rozas 18 presentaron en julio de 2012 por unas inversiones inmobiliarias en el Ayuntamiento de Las Rozas. Fue la segunda denuncia contra España en Washington. La primera fue la que realizó el argentino Emilio Agustín Maffezini en 1997 por una inversión que hizo en una empresa distribuidora de productos químicos.
Pero las reclamaciones en el Ciadi no son las únicas que ha recibido España en los últimos años con el conflicto de las renovables como telón de fondo. El año pasado tres compañías, Isolux Infraestructure Netherlands, CPS Equity Investments y las firmas de inversión Construction Investment y Charanne denunciaron a España por el recorte a las primas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC Institute).
A éstas hay que añadir la que presentaron 16 inversores bajo el nombre de PV Investors ante el Uncitral, la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, dependiente de la ONU, el 11 de noviembre de 2011 como respuesta a la reforma energética que en su momento acometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De igual forma, los tribunales españoles han registrado miles de denuncias tanto individuales como colectivas de productores fotovoltaicos y de distintas empresas del sector renovable.
