España deberá pagar una multa cohercitiva de 10,95 millones de euros al semestre, además de otra suma de 12 millones de euros por incumplir la normativa de la Unión Europea en saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas. Esta situación se podría extender hasta 2022, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, prevé que estará terminada la última de las depuradoras prevista, en Barbate (Cádiz).
Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado ha precisado que aunque la sanción, inicialmente, afectaba a 17 aglomeraciones urbanas, en la actualidad siguen incumpliendo la normativa un total de nueve de ellas. De estas, una está en Gijón (Asturias), otra en Valle de Güimar (Tenerife) y las siete restantes en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) -- declaradas de interés general y que dependen del Gobierno-- y Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) --de competencia autonómica--.
De estas, según ha precisado Morán, la depuradora de Tarifa, de competencia autonómica ya cuenta con su estación depuradora de aguas residuales, pero las muestras obtenidas con satisfacen las exigencias de la Directiva.
Además, confía en que a lo largo de 2019 se concluirán otras cinco depuradoras, como las de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este. Un año más tarde se terminarán las obras de Matalascañas y Valle de Güimar, mientras que la de Barbate, no cree que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, por lo que es la que más se va a retrasar.
Si bien, el secretario de Estado ha informado en la Comisión parlamentaria de que se ha reunido con el director general de Medio Ambiente de la UE para solicitarle que a medida que se vaya cumpliendo, se vaya minorando o recalculando la multa.
Por otro lado, ha recordado que también están abiertos otros cuatro procedimientos de infracción por saneamiento y depuración en municipios de más de 10.000 habitantes. Se trata de cuatro aglomeraciones urbanas de competencia autonómica que son Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Pontevedra); Berga (Barcelona); Figueres (Gerona) y El Terri-Banyoles (Gerona).
Asimismo, respecto al procedimiento de pequeñas aglomeraciones, de entre 2.000 y 15.000 habitantes, ha recordado que existe un procedimiento abierto en 2012 que afecta a 606 aglomeraciones, del as cuales 80 son de competencia estatal, aunque en la actualidad este procedimiento implica a 180 aglomeraciones urbanas, de las que 18 son de competencia estatal que "ya están tomando medidas" para cumplir con la Directiva, aunque la Comisión Europea aún podría imponer sanciones.
Morán ha añadido que hay otros caso que también podrían ser objeto de sanción, pues de las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes-equivalentes que tienen que depurar sus aguas en España, unas 550 estarían en situación de incumplir.
