Tanto España como la Unión Europea han establecido unos objetivos climáticos y energéticos ambiciosos para 2030 que requieren de importantes inversiones en desarrollo de redes. Para acometerlas con éxito, será necesario abordar medidas y soluciones al reto de la tramitación administrativa de las infraestructuras de transporte de electricidad que, como reconoce la Comisión Europea, actualmente es uno de los principales cuellos de botella en el proceso de transición ecológica.
Así lo pone de manifiesto el informe La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea, elaborado por PwC con la colaboración de Red Eléctrica. El estudio realiza un diagnóstico de la situación actual de la tramitación de proyectos de transporte de electricidad en España, y pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la simplificación de dichos procesos de tramitación.
En concreto, destaca que en el periodo 2021-2030 será necesario realizar inversiones en transporte de electricidad por valor superior a 11.000 millones de Euros para alcanzar los objetivos de PNIEC. PwC estima que, de mantenerse los procesos actuales de tramitación, una parte de dichas inversiones no se podrán acometer en plazo dentro de dicho periodo, lo cual tendrá impactos negativos significativos que van más allá de los objetivos medioambientales, al afectar también a otros sectores económicos y sociales, dado el carácter vertebrador que tiene la red de transporte.
En el caso de la red de transporte, el proceso de tramitación está dirigido a la obtención de distintas autorizaciones, siendo el organismo competente de carácter estatal o autonómico en función de las características del proyecto. En la mayoría de los casos, las Administraciones Públicas desarrollan, a través de la tramitación administrativa de proyectos e infraestructuras, un papel habilitador muy relevante. Durante el periodo 2015-2020, los tiempos medios de tramitación administrativa oscilaron entre 1 y 6 años, según el tipo de instalación.
Medidas para avanzar
El documento señala que para obtener una mejora sustancial y ser capaz de cumplir con los objetivos propuestos a 2030 será necesario poner en marcha un decálogo de medidas que permitan actuar, al menos, en cuatro ámbitos: racionalización del proceso de tramitación, eliminando o simplificando la necesidad de autorizaciones; organización de recursos que permitan la mejora en la coordinación y la mejora en la resolución de conflictos; agilización del proceso de tramitación ante la falta de recursos de la administración y digitalización del proceso de tramitación.
PwC ha presentado este informe hoy en una jornada en el que distintos agentes han dialogado sobre la necesidad de abordar medidas y soluciones al reto de la tramitación administrativa de las infraestructuras de transporte de electricidad como clave para acelerar los objetivos de la transición energética. El evento se celebra en un contexto altamente marcado por la actual crisis energética que está viviendo Europa y en respuesta al cual la propia Comisión Europea ha señalado la necesidad de acelerar los procesos de tramitación de los proyectos energéticos.
Durante la jornada, distintos agentes han aportado de forma constructiva una visión holística de la situación actual de la tramitación y posibles soluciones para mejorarlo, contando con la participación de representantes de la Comisión Europea y la Embajada de Alemania, de las distintas asociaciones empresariales, empresas y grupos de interés (AELEC, AEE, UNEF, REE, Greenpeace), así como de las distintas administraciones y organismos públicos involucrados en la materia, como Comunidades Autónomas (Extremadura, Andalucía, Canarias y Aragón), Ministerio de Transición Ecológica y CNMC. Las diferentes mesas de debate han sido moderadas por Óscar Barrero y Reyes Gómez , socios de PwC en España y principales autores del mencionado estudio. La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del grupo Redeia, Beatriz Corredor.
Algunas de estas medidas se inspiran en las mejores prácticas observadas en determinadas regiones y países de la UE que han conseguido obtener mejoras evidentes en sus procedimientos administrativos, así como en las recomendaciones realizadas recientemente desde la Comisión Europea en el contexto del Plan RepowerEU.
