El conflicto por la liberalización del sistema de la estiba está llevando a los operadores a una situación insostenible. Desde hace varias semanas, cuando el Gobierno anunció que tenía listo el Real Decreto Ley para reformar el sector, tal y como exigen los tribunales europeos, las empresas estibadoras han sufrido cuantiosas pérdidas debido a la caída del rendimiento de los trabajadores, utilizada como medida de presión para que las compañías accedieran a firmar los convenios que minimizaran el impacto de la reforma. Los cálculos del sector apuntan a una cifra de pérdidas en el entorno de los 45 millones de euros.
Y todo ello antes de que se inicie la huelga convocada por los sindicatos como protesta por la aprobación del Decreto por parte del Gobierno, que podría disparar estos números, aunque la decisión a última hora de este jueves de reducir de nueve a siete días los paros previstos minimizaría el efecto.
La situación en los principales puertos se ha agravado en los últimos días, especialmente en el de Valencia, desde el que los operadores han lanzado un mensaje de socorro por los acontecimientos acaecidos recientemente, con continuos retrasos y atascos a la entrada de las instalaciones portuarias.
Al margen del impacto de los paros, las empresas estibadoras llevan varias semanas con problemas por lo que se ha considerado una huelga encubierta por parte de los trabajadores, cuyos representantes sindicales han negado tal extremo y han relacionado un hipotético descenso del rendimiento con el desánimo que cunde por el difícil futuro que afrontan si finalmente el Decreto sale adelante.
Sin embargo, los datos que manejan los operadores no dejan lugar a la duda. En algunos puertos el ritmo de operaciones por cada hora se ha quedado en un tercio de lo que suele ser habitual.
El obstáculo de la subrogación
Las compañías han denunciado repetidamente que aquellas que más se han resistido a firmar los acuerdos con los sindicatos han sido las más penalizadas por estas bajadas de rendimiento. Algunas, especialmente las más pequeñas, se han visto obligadas a claudicar ante la presión de los trabajadores, que buscan que la negociación colectiva minimice los efectos del Decreto.
Los grandes operadores, agrupados en la plataforma PIPE, manifestaron este jueves en un comunicado su rechazo a la subrogación de los trabajadores por parte de las empresas, una de las reivindicaciones que persiguen los sindicatos. Las compañías consideran que esta medida perjudicaría de forma notable sus intereses puesto que les obligaría a asumir los pasivos laborales que el Decreto prevé que afronten las correspondientes autoridades portuarias y, además, les situaría en un escenario de desigualdad frente a los nuevos operadores que llegaran tras la reforma, que no se verían afectados por esta situación.
Los sindicatos han confirmado que, por el momento, no se han registrado avances en las negociaciones con la patronal. Precisamente, el capítulo de la subrogación es uno de los más atascados. Los trabajadores quieren asegurarse que las empresas no acudirán en masa al mercado libre para confeccionar sus plantillas una vez que entre en vigor la reforma, algo que probablemente harían con el Decreto en la mano dado que el proceso les saldría muy económico al no tener que asumir los pasivos financieros.
Evitar mayores costes laborales
En la actualidad, apenas la cuarta parte de los estibadores pertenece a los operadores portuarios. El resto forman parte de las Sagep y son contratados de forma temporal por las empresas estibadoras, en función de su carga de trabajo. En el momento que pasaran a formar parte de las estibadoras tendrían que ser éstas las que cargaran con sus pasivos laborales, lo que encarecería de forma notable el proceso de renovación de plantilla y la entrada de trabajadores del mercado libre con sueldos más competitivos.
La situación es compleja toda vez que cada día que pasa el agujero para los operadores se amplía de forma notable. La falta de apoyos del Gobierno para convalidar el Decreto en el Parlamento mantiene, por el momento, paralizada la reforma. Y la amenaza de la multa al Estado por parte de la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la que obliga a liberalizar el sector, se hace cada vez mayor.
