El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha recurrido dos veces en los últimos meses al Impuesto de Sociedades para cuadrar las cuentas. Primero lo hizo en septiembre, cuando aún era ministro en funciones y recuperó el mínimo obligatorio del pago fraccionado del impuesto. Y lo volvió a hacer en diciembre, cuando suprimió o limitó algunas deducciones y exenciones de la figura.
En total, un hachazo fiscal de unos 14.000 millones en solo tres meses que ha levantado muchas ampollas entre las grandes empresas. Tanto es así que la CEOE ha llegado incluso a plantearse la posibilidad de presentar un recurso contra la subida de diciembre porque, además de afectar a las inversiones y la creación de empleo, podría vulnerar algunos artículos de la Constitución.
Los cambios nacieron con vocación de permanencia, tal y como reclamaba Bruselas. Pero parece que el ministro ha optado por guardarse un as en la manga para poder compensar el esfuerzo a las empresas una vez que España salga del procedimiento de déficit excesivo y tenga controladas las cuentas. Uno de los últimos cambios, los que se aprobaron en diciembre para obtener 4.650 millones, puede no ser permanente.
Así lo asegura la actual socia de PwC Tax & Legal Service Begoña García-Rozado. Y es importante tener en cuenta las afirmaciones de García Rozado porque hasta hace nada era la subdirectora general de Impuestos de las Personas Jurídicas y trabajaba codo con codo con Montoro. De hecho, ayudó al ministro con la redacción de los cambios de diciembre.
La limitación de la compensación de bases imponibles negativas podría desaparecer el día de mañana
Y García-Rozado dice que uno de ellos, el que limita la compensación de bases imponibles negativas, puede no ser permanente. ¿Por qué? Sencillamente porque el Gobierno lo introdujo a través de una disposición adicional a la norma y no en el articulado, lo que le hace pensar en que en el futuro, posiblemente, la medida desaparecerá.
El problema principal es que las autoridades comunitarias reclamaban a España una reducción estructural del déficit, es decir, medidas permanentes que garanticen un flujo continuo de ingresos al sistema. Y precisamente así ha vendido el Gobierno los cambios Bruselas. Así que, si un día se decide a eliminar esta disposición, es probable que no cuente con el visto bueno de la Comisión.
De momento, se queda
En cualquier caso, parece poco probable que el Gobierno vaya a tomar una decisión de este tipo a corto plazo. Probablemente el ministro se guardará esta baza para ganarse de nuevo el favor de las grandes empresas cuando no esté bajo la atenta mirada de Bruselas. Y eso no sucederá, al menos, hasta 2018, cuando el déficit se quede definitivamente por debajo del 3%.
De momento, de hecho, no se descarta la posibilidad de que haya que aprobar nuevas medidas para cuadrar el déficit. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya ha reconocido que España puede incumplir el déficit este mismo año. Y según las últimas previsiones de la Comisión, el desfase se quedará en el 3,5% en 2017, lo que deja en el aire un ajuste de unos 4.000 millones si se quiere llegar al 3,1% pactado.
Y las cosas tampoco pintan muy bien para 2018. El déficit bajará del 3%, pero por muy poco. Se quedará en el 2,9%, siete décimas por encima de lo pactado. A pesar de los dos desvíos, lo cierto es que las autoridades comunitarias no han reclamado nuevos ajustes y se conforman con que España sea capaz de salir del procedimiento de déficit excesivo el año que viene. Al menos, de momento.
