El debate no es Garoña sí o Garoña no. La decisión que debe tomar el Gobierno sobre la autorización de prolongar la vida de la central nuclear burgalesa determinará la política energética de España para los próximos años. Una circunstancia que asume el Ministerio de Energía, que prosigue elevando consultas para el momento en que tenga que tomar una decisión, a la vuelta del próximo verano.
Semanas atrás, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el informe con las condiciones bajo las que tendría que operar Garoña si el Gobierno optaba por prolongar la vida de la central más allá de los 40 años, el debate se centró en el futuro de la instalación, cuya decisión final corresponde a Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), operadora de la instalación.
Sin embargo, Energía trabaja con la idea de que la decisión final marcará el camino a seguir, al menos para la próxima década. En el departamento que dirige Álvaro Nadal tienen claro que el debate que ahora está encima de la mesa no es si se da o no el visto bueno a prolongar la vida de Garoña sino cuál debe ser la política energética española para el futuro.
El planteamiento del Ejecutivo es que esta política energética pasa fundamentalmente por dos aspectos: qué hacer con el carbón y qué hacer con las nucleares. "El resto se confecciona a partir de ahí, sale prácticamente solo", apuntan en Energía. Por el momento, la estrategia del departamento es que el país no debe prescindir de ninguna de las fuentes que actualmente alimentan el sistema.
La luz subió un 24% en febrero
España está cumpliendo con creces la hoja de ruta marcada por Bruselas para lograr el objetivo de que las renovables aporten un 20% de la energía en 2020. No obstante, Energía pondrá en marcha en breve la ansiada subasta de 3.000 megawatios, a través de una modalidad tecnológicamente neutral, es decir, independientemente del origen de la energía. Los que ofrezcan menores precios se impondrán en el proceso.
Una vez apaciguada la tormenta por los precios de la electricidad, Energía sigue sosteniendo que la luz se comportará de una forma parecida a la de 2015, cuando los precios del mercado mayorista registraron fuertes alzas. De hecho, el recibo de la luz en febrero, para un consumo medio y una potencia contrata de 3,5 kilowatios/hora, se situó en torno a los 54 euros, de acuerdo con la simulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un euro más que hace dos años y un 24% por encima del registrado en el mismo mes de 2016.
Energía sostiene que España tiene los costes fijos más elevados de Europa, lo que dificulta que la evolución del recibo sea moderada cuando los precios del mercado mayorista se disparan.
