El conflicto de la estiba vive horas decisivas. Este martes vence el plazo para que la patronal y los sindicatos decidan si aceptan la propuesta de acuerdo que el mediador les entregó el pasado jueves y que contó con el apoyo casi inmediato del Gobierno. A la espera de conocer la respuesta definitiva, los estibadores han vuelto a ganar la delantera y mantendrán un encuentro con los responsables de la Comisaría europea de Transportes para conocer las fórmulas que les permitan trasladar sus reivindicaciones a la normativa española.
El principio de acuerdo alcanzado la pasada semana por la patronal y los sindicatos, que contemplaba el reconocimiento de la subrogación de trabajadores del sector por parte de las empresas por Ley, dejó en una posición delicada al Gobierno, que quedaba de esta forma como el único que se oponía a esta solución para adecuar el sector a la reforma que el Ejecutivo tiene que aplicar como consecuencia de la sentencia dictada en diciembre de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Moncloa siempre ha sostenido que la normativa comunitaria impide la subrogación de los trabajadores por Ley, algo que se encargó de recordar la propia comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en una misiva dirigida la pasada semana al Ministerio de Fomento. De esta forma, el pacto entre patronal y sindicatos dejaba al Gobierno español y al comunitario como los únicos que se oponían a esta solución. Es decir, les condenaba a encontrar una alternativa.
Sin embargo, serán los estibadores quienes traten de buscar una respuesta. Una representación de los trabajadores del sector tienen previsto en encuentro en Bruselas con el equipo de Bulc para conocer de primera mano por qué la Comisión Europea no acepta la subrogación por Ley y qué alternativas existen para que la ejecución de la reforma de la estiba en España no afecte al empleo.
Clima de desconfianza
En su día, cuando el Gobierno estaba en plena elaboración del Real Decreto Ley para la reforma de la estiba (que posteriormente sería derogado por falta de apoyo en el Parlamento para su convalidación), trasladó las reivindicaciones de los sindicatos a Bruselas para comprobar si podían plasmarse en la normativa. La respuesta de la Comisión fue tajante respecto a asuntos como la subrogación o la creación de un registro de trabajadores, que chocaban con los principios de los Tratados de la Unión y también con el espíritu liberalizador de la sentencia que condenó a España por el actual sistema de la estiba.
Sin embargo, los estibadores han mostrado en múltiples ocasiones su desconfianza sobre las consultas a Bruselas acerca de estas cuestiones. De ahí que quieran conocer de primera mano en qué consisten las restricciones de la Comisión Europea y sí se contemplan alternativas.
La pretensión de los estibadores es regresar de Bruselas con una posible solución que puedan estudiar con vistas a plasmarla en un acuerdo definitivo con la patronal y que cuente con el visto bueno del Gobierno comunitario. De esta forma, Moncloa no tendría otro remedio que sumarse al acuerdo.
