La Administración General del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado "innecesarias", según la Asociación de Geógrafos de España (AGE).
Así se pone de manifiesto en un estudio que publicará el próximo día 15 en su página web la AGE, y que ha sido elaborado por las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante, según ha adelantado hoy el presidente nacional de este colectivo, el catedrático de la institución docente alicantina Jorge Olcina.
El presidente de la AGE ha señalado que se trata de actuaciones "que no se debieron haber hecho" porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales, y que, además, han sufrido cuantiosos sobrecostes.
El estudio, que no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras, refleja la multitud de "megaproyectos" que no han servido para el fin que se pretendía, y Olcina ha citado, en el caso de la Comunidad Valenciana, el trazado inicial del trasvase Júcar-Vinalopó, que posteriormente se varió pese a la inversión hecha, y alguna planta desalinizadora que no ha llegado a usarse.
Los geógrafos denuncian que, a la hora de diseñar sus planes urbanísticos (PGOU), los municipios únicamente tienen en cuenta el riesgo de inundaciones y no la posibilidad de deslizamientos de tierras, movimientos sísmicos, sequías o los temporales en el caso de los lugares en primera línea de costa, y todo ello pese a que hay cartografía suficiente de ese tipo de situaciones.
