"Estupefacción" en el Consejo Europeo con el "ridículo como país" que ha hecho España, con el intento de Pedro Sánchez de hacer oficial el catalán en la UE. Y lo ha hecho desde la Presidencia rotatoria del Consejo que ostenta ahora mismo. La petición del Gobierno español en funciones de que el catalán, el vasco y el gallego sean lenguas oficiales en la UE, en su intento de ser investido, es la comidilla en Bruselas, según ha podido constatar Vozpópuli.

Lo que empezó en la madrugada del 16 de agosto con una carta del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, que urgía al Consejo a debatir este asunto, ha culminado este martes con una rebaja de la propuesta. En un intento a la desesperada de que fuera debatida, ha planteado que sea sólo el catalán y pagándolo del bolsillo de todos los españoles.

"Parece que algunas lenguas son más oficiales que otras", ironizaban este martes las fuentes consultadas.

En una declaración sin preguntas, Albares apelaba este martes antes del cónclave al derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego, que justo desde este martes se aplica en el Congreso de los Diputados. Aseguraba que "no se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo". Y recordaba que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea, que permiten la traducción de documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo.

Las explicaciones de Albares se quedaban cortas, mientras ministros de los Estados miembros planteaban dudas y exigían concreción sobre el encaje jurídico y el coste de la medida por los pasillos. En este escenario, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, en Bruselas para explicar las prioridades de su cartera durante la Presidencia española, tuvo que salir del paso y defender que las rebajas del Gobierno no suponen una discriminación al gallego y al euskera.

Según Calviño, priorizar el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE resulta una "solución de compromiso", frente a los Estados miembros preocupados por el coste de incluir tres lenguas de golpe en el Reglamento de la Unión. Cabe recordar que la Comisión ya destina 1.000 millones de euros al año a la traducción e interpretación de las lenguas oficiales en la UE.

"Se tiene que plantear una solución de compromiso para ir avanzando con aquella lengua que tiene más número de hablantes, pero no hay ningún tipo de discriminación. La solicitud del gobierno de España se refiere a las tres lenguas", apuntó Calviño. "Tan importante es el gallego, el euskera o el catalán. No cabe ninguna duda", remachó.

Iniciativa aparcada

La iniciativa ha quedado finalmente metida en la nevera de los asuntos sobre los que no hay voluntad política y a expensas de informes jurídicos y sobre su coste, sin fecha. De hecho, el ministro se ha negado a concretar un calendario. Un Albares exultante esgrimía como un gran logro a la salida del cónclave, en el que se han dedicado escasos cuarenta minutos a la propuesta, que no había recibido el rechazo frontal de ningún país.

No era necesario ni suele hacerse. "En el lenguaje de Bruselas, retrasar es rechazar", ha subrayado el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, quien ha recordado que el Gobierno en funciones ya recibió la semana pasada el "no" del Parlamento Europeo al uso de las lenguas cooficiales españolas y este martes "recibe otro portazo".

No se dan vetos frontales ni había necesidad de hacer leña del árbol caído. De hecho, algunos países ya han rechazado la medida en público en las últimas semanas, el caso de Eslovaquia, Hungría y Suecia. Tampoco la ve con buenos ojos Alemania, como informó Vozpópuli. En Bruselas han entendido desde el principio que la carta nocturna de Albares fue parte del precio que exigió Carles Puigdemont para otorgarle al PSOE la Presidencia del Congreso y la posibilidad de que Sánchez sea investido, según pudo comprobarse el 17 de agosto dos horas más tarde de que la misiva se registrara.

Dudas generalizadas

Una veintena de ministros han tomado la palabra este martes para expresar sus dudas en la reunión del Consejo y la Presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" y ha anunciado que "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la sesión.

La tónica general, como se ha visto en declaraciones a los medios de algunos de los Estados miembros, es que echan en falta detalles sobre las consecuencias legales, prácticas y políticas de lo que supondría el cambio. Hasta la propuesta de que España sufrague la medida, además del bochorno con que se ha recibido, entraña problemas jurídicos.

"Queremos ver y tener más detalles sobre el estatus de estas lenguas a nivel nacional en España", ha declarado la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Croacia, Andreja Metelkometelko-Zgombiczgombic, que también considera "útil" esperar a tener un análisis del servicio legal del Consejo.

Las observaciones de la croata van al meollo del asunto, un importante problema jurídico que sobrevuela la propuesta, que ya señaló Eslovaquia en agosto, como avanzó El Español: la normativa europea estipula para elevar una lengua a oficial en el Reglamento nº 1 que lo sea del Estado que la promueve; y el catalán, el vasco y el gallego no son lenguas oficiales en España, sino cooficiales y sólo en sus respectivas regiones. Para elevar el estatus de estas lenguas, España debería reformar la Constitución.

Debate "prematuro"

Así, el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Eslovaquia, Peter Misik, ha mostrado la disposición a "escuchar los argumentos" de España, porque es consciente de que es un asunto "importante y sensible" para el país, si bien ha considerado "prematuro" hablar de la toma de decisiones, porque hay elementos "legales y prácticos" por explicar.

La encargada sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, ha trasladado que las dudas de Suecia tienen que ver fundamentalmente con las consecuencias de la modificación del Reglamento porque "hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son lenguas oficiales" y quieren tener claro cuáles serán las "consecuencias legales y financieras" antes de tomar ninguna decisión.

Para el secretario de Estado irlandés, Peter Burke, no hay duda de que se debe apoyar el multilingüismo en la Unión Europea, pero Dublín quiere que se examinen las "consecuencias operativas" de incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE.

Dublín abanderó el único precedente que se ha llevado a cabo con el gaélico, que necesitó más de dos años para reconocerse en 2007 y que salió adelante porque alegaron que el inglés ya era idioma oficial por parte de Gran Bretaña entonces y por serlo a su vez de la propia Comisión, con el fin de lograr un hueco para el gaélico, que además es lengua oficial en la isla. Sin embargo, poco después, perdió su estatus por los problemas logísticos que entrañaba y no se ha vuelto a recuperar hasta 2022.

El jefe de la diplomacia checa, Martin Dvorak, ha advertido de que es una propuesta "absolutamente sin precedentes" sobre la que hay que examinar las consecuencias.

El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, en un guiño a las lenguas cooficiales ha hablado en catalán a su llegada. Y en catalán también ha alertado de que pese al compromiso con la diversidad lingüística es "demasiado pronto" para tomar una decisión porque no se han resuelto las dudas sobre las consecuencias que tendría esta decisión.

Un cambio en el Reglamento exigiría la unanimidad del Consejo. Además de los Estados que se han pronunciado, se da por supuesto que si llegara a considerarse, países con sólo una lengua oficial a pesar de contar con varias regionales, el caso de Francia o Italia, plantearían reticencias.

• Tags
• Catalán
• José Manuel Albares
• Lenguas