Estupor en la Abogacía de los negocios y entre los despachos de Penal económico más reputados con que Cándido Conde-Pumpido Varela se presente como abogado de prestigio. Es el retrato del hijo del presidente del Tribunal Constitucional (TC) que hacen algunos medios y que desde luego presenta la web de su bufete, Conde-Pumpido & De Porres Abogados, que atribuyen al desconocimiento y malentendido sobre lo que puede significar el premio Toga de Oro que exhibe.

Medios que sí recogen otros asuntos legales por los que Conde-Pumpido Varela ha alcanzado notoriedad: como investigado por la Audiencia Nacional en el caso Bandenia por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculados al negocio de la prostitución.

El magistrado expuso que Conde-Pumpido mantuvo una relación profesional con el líder de la organización investigada, Ángel Crispín, a quien habría defendido en un procedimiento judicial de Collado Villalba que se instruyó en 2012. 

Con todo, en 2019 el magistrado procesó a una decena de personas imputadas en la causa pero finalmente dejó fuera al abogado, a quien se le derivó parte de las diligencias a otro juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la Operación Pompeya. En este caso se rastreó si ayudó a su cliente Crispín a blanquear dinero de un grupo empresarial vinculado a la prostitución. 

El caso Bandenia se archivó el pasado junio, días antes de que Conde-Pumpido recibiera el Toga de Oro en una ceremonia a la que fue acompañado por su entonces novia, la actriz y famosa Lara Dibildos. En la gala coincidió con su antiguo cliente, el bailaor Rafael Amargo, acusado de tráfico de drogas.

También fue premiado y en la misma área, Penal económico, el abogado que asesora ahora mismo a Conde-Pumpido, Ricardo Álvarez-Ossorio, tras su detención por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual grupal el pasado domingo. Álvarez-Ossorio ha defendido a narcotraficantes como El Nene, y a Alex Male, prófugo británico acusado en Portugal de blanqueo del narcotráfico.

Por este galardón se pagan al menos 5.000 euros, según la información que proporciona la Sociedad Europea del Fomento Social y Cultural a los potenciales premiados a la que ha accedido Vozpópul. Esta sociedad ya ofertaba premios de este tipo en 2021, entonces Premios Nacionales Carlos III a la Excelencia Jurídica, cuya organización queda supeditada a que a quienes se les ofrezca estén dispuestos a pagar.

En una carta en 2021 a los candidatos se plantea que el pago es porque los premiados asumen "los costes de la promoción y difusión. Cada premiado aportará la cantidad de 3.990,00 € + 837,90 de IVA (4827,90 € IVA incluido) en concepto de los gastos de la campaña de comunicación y publicidad que repercutirá directamente en cada uno de los premiados".

El premio se comunica antes de la entrega y hay que pagar el "50% a la aceptación del premio e inscripción y el 50% restante 7 días antes de la Gala". Al galardonado se dice que se le "invita" al evento, junto con acompañante, y que el precio adicional por acompañante será de 150 euros más IVA.

Un precio por cubierto más abultado es el que cobran otros premios de la Abogacía que vienen surgiendo en los últimos años y que sí tienen prestigio, como los de Expansión y El Confidencial, en los que se supone que se paga con generosidad la cena y la organización, pero no el galardón, y el medio saca rendimiento de la publicidad que consiga.

Los Toga de Oro no son los únicos pero sí un ejemplo paradigmático de un negocio que se basa en el ego y en la construcción de supuestos prestigios. "Van probando despachos a ver quién pica [y compra el premio]. Los que caen son firmas sin reputación y escaso acceso a posiciones de renombre que luego muestran los premios a clientes y en ámbitos que no conocen el mundo legal", explican fuentes conocedoras del sector.

Y es que el mundo de la Abogacía de los negocios de primer orden es pequeño. Las mismas fuentes consultadas admiten la subjetividad de un premio pero explican que en los de los medios antes reseñados, que dedican bastante espacio a la información jurídica, hay garantías de que el jurado es amplio y reconocido.

De hecho, en estos galardones la queja suele venir de que siempre son los mismos despachos los que copan los premios, pero son los que aparecen en los primeros puestos de los ránkings por facturación. Y sobre todo, los que cita el directorio legal de referencia, Chambers & Partners.

En el área en la que se especializa Conde-Pumpido, Penal económico, Chambers reseña a Baker McKenzie, Cuatrecasas, Garrigues, Oliva Ayala y Uría Menéndez en el primer escalafón; seguidos de Gómez-Acebo & Pombo y Pérez-Llorca en el segundo, y de CMS, Ontier, DWF-RCD y Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo.

Son algunas de las principales firmas españolas y extranjeras en España, que suelen aparecer también en primeras posiciones en otras áreas del Derecho, junto con dos prestigiosas boutiques de Penal económico, Oliva Ayala y Rodríguez Mourullo. Se trata de bufetes especializados. Conde-Pumpido & de Porres Abogados se presenta como un despacho "con clara vocación Penalista", que dada su especialidad en delitos económicos, toca otras áreas del derecho, como Civil y Mercantil, Fiscal, Contencioso Administrativo y Laboral, "cubiertas por expertos en estas materias".

Socio en dos años

Sin embargo, en la web del despacho no se menciona a ningún otro abogado además de Conde-Pumpido Varela. En el CV que ofrece se recoge su desempeño como tertuliano en distintas televisiones hasta 2014, cuando asesoraba a Elpidio Silva, juez inhabilitado por el Supremo por su instrucción del caso Blesa.

Sobre la presencia en los medios del bufete que su propia web reseña destaca una entrevista en Gente de Sábado en La Razón en 2014 con el titular: "Ya me piropean y me paran por la calle".

En esta entrevista, se mostraba orgulloso de la estirpe familiar de juristas: de su padre, Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional y fiscal general del Estado entre 2004 y 2011; y su abuelo y bisabuelo, ambos también Cándido Conde-Pumpido, teniente fiscal, el número 2 de la Fiscalía General del Estado en 1982, y presidente de las Audiencias Territoriales -los órganos judiciales antecesores de los actuales tribunales superiores de justicia- de La Coruña, Valladolid y Valencia, respectivamente.

Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU en 2003, Conde-Pumpido Valera entró en prácticas en 2004 en el despacho Chamorro, Molins y Peláez Asociados y en 2006 ya fue nombrado socio, cuando lo habitual es un mínimo de diez años para alcanzar la sociatura. En 2008, fundó su despacho.

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