Dos de las principales instituciones comunitarias encargadas de la supervisión bancaria de la Unión Europea (UE) han negado al Congreso de los Diputados información clave sobre la caída de Banco Popular. Se trata de la Junta Única de Resolución (JUR) y del Banco Central Europeo (BCE), que, no obstante, sí que ha puesto esta documentación a disposición de las Cortes con la condición de que no pueda ser utilizada ni publicada.
En el marco de la comisión que investiga la crisis financiera en el Parlamento, el Congreso solicitó al BCE toda la documentación relativa a las decisiones tomadas en relación a la provisión de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) a Popular, cuyo carácter es estrictamente confidencial.
Según consta en un informe de dicha investigación parlamentaria, el supervisor puso esta documentación a disposición de los miembros de la comisión en una sala habilitada para ello en el Banco de España, con la "expresa indicación de que ni los documentos ni ninguna de sus partes podrán publicarse o citarse" en el informe final que elaboren los parlamentarios, que está previsto que se publique este jueves.
Documentación clave
Esta documentación es la que muestra que Popular, como adelantó este medio, contaba con un colchón de algo menos de 600 millones de euros de liquidez que le hubieran permitido abrir sus ventanillas el 7 de junio de 2017, el día siguiente a ser resuelto y vendido a Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
Es cierto que ese día la entidad que entonces presidía Emilio Saracho tenía que hacer frente a reembolsos de 1.300 millones de euros y solo contaba con 600 millones en liquidez, pero según un informe del Banco de España esta cantidad le hubiera servido para abrir sus puertas mientras iba formalizando garantías adicionales para hacer frente a la totalidad de los pagos.
El documento es relevante porque pone de manifiesto que Popular contaba con oxígeno para aguantar algún día más, lo que quizá hubiera permitido que la intervención del banco no se realizase de forma tan frenética -se resolvió en una noche, cuando lo normal es un fin de semana-.
Además, el informe del Banco de España contradice la versión oficial sobre la caída del Popular, pues el propio ministro de Economía, Luis de Guindos -hoy vicepresidente del BCE- defendió en el Congreso que sin la intervención de las autoridades comunitarias el banco no hubiera podido abrir al día siguiente.
Sin embargo, el BCE impide que los diputados encargados de la comisión utilicen esta información en su investigación.
Organismos opacos
En paralelo, el Congreso también solicitó a la JUR, el organismo de la UE encargado de la resolución de las entidades bancarias, el informe de valoración de Deloitte sobre Popular en el marco de su proceso de resolución.
No obstante, el organismo que preside la alemana Elke König, negó sistemáticamente esta documentación a las Cortes españolas. "El informe de valoración no puede ser divulgado. La JUR está legalmente sometida a obligaciones de confidencialidad (…) por las cuales se impide desvelar información bancaria especifica que no esté disponible de forma pública", alegó la institución.
