La eurozona asume que España volverá a retrasarse este año en la entrega de su proyecto presupuestario para 2017, debido a las limitaciones del Ejecutivo en funciones, que no prevé que presente más que unas cuentas sin cambios respecto a las actuales. Así lo señalaron este miércoles fuentes de la eurozona, que recordaron que España tiene que entregar a Bruselas a más tardar el próximo 15 de octubre su borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, la misma fecha en la que debe presentar a sus socios pruebas de que ha tomado "acciones efectivas" para reducir su déficit.
No obstante, sus socios dan por sentado que el país no estará en condiciones de cumplir con sus obligaciones a tiempo y que, como máximo, podrá presentar unas cuentas sin cambios respecto al presupuesto vigente este año. "Mi presunción es que, por supuesto, el gobierno en funciones no puede mandar un proyecto presupuestario como el que un Ejecutivo normal podría mandar, lo que podrían hacer como máximo es un plan sin cambios en las políticas", afirmaron fuentes de la eurozona.
Existe incertidumbre sobre qué pasará en el caso de que España no presente tampoco pruebas de que ha tomado acciones efectivas para reconducir su déficit público
Sin embargo, existe incertidumbre sobre qué pasará en el caso de que España no presente tampoco pruebas de que ha tomado acciones efectivas para reconducir su déficit público, una exigencia que se le impuso al país tras haber esquivado en julio una multa por haber incumplido sus compromisos de disciplina fiscal.
"Simplemente no lo sabemos. Por una parte, las reglas son claras, y por otras no está muy claro que el Ejecutivo en funciones pueda tomar las acciones necesarias para dejar constancia de (que ha tomado) acciones efectivas", apuntaron las fuentes. España cerró 2015 con un déficit del 5,1 % de su PIB -incluyendo las ayudas a la banca-, lejos del 4,2% que se había comprometido a alcanzar.
Por ello, el país corrió el riesgo de ser penalizada con una multa por no haber tomado las medidas necesarias para reducir el desvío presupuestario, que finalmente fue cancelada en julio en una decisión no exenta de polémica. Bruselas concedió al país dos años adicionales, hasta 2018, para reducir su déficit por debajo del máximo del 3 % del PIB que marca la normativa comunitaria, aunque a cambio tendrá que llevar a cabo en ese periodo un ajuste de más de 10.000 millones de euros.
Posible suspensión de fondos
Sin embargo, si no reacciona y presenta a tiempo las pruebas de que ha tomado acciones efectivas, se arriesga a sufrir la suspensión de compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos a partir de enero de 2017. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro abordarán esta cuestión el jueves en un encuentro informal en Bratislava, aunque se limitarán a preguntar a la Comisión Europea cuándo prevé abordar la posible suspensión de fondos con la Eurocámara, tal y como debe hacer antes de tomar una decisión.
Las fuentes indicaron que confían en que la discusión esté más avanzada de cara al encuentro del Eurogrupo del 10 de octubre, cuando esperan que los procesos políticos en España estén también "más avanzados". En cualquier caso, las fuentes aseguraron "no estar muy preocupadas" por la incertidumbres que se cierne en torno al país en materia presupuestaria y fiscal, pese a que en términos de procedimientos europeos es una situación nueva y no se sabe "cómo manejar esto".
España tiene ahora que ajustarse a una nueva senda de consolidación y pasar de un déficit del 5,1 % del PIB registrado en 2015 al 4,6 % este año, al 3,1 % el próximo y al 2,2 % en 2018. El Gobierno de España está en funciones desde hace 261 días al no haber logrado ninguna de las fuerzas políticas una mayoría suficiente en el Parlamento para formar gobierno ni en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 ni en las del 26 de junio pasado
