El Gobierno encontró este miércoles un inesperado apoyo con vistas a la idea de implantar en España el pago por el uso de las autopistas con el fin de costear su mantenimiento al margen de los Presupuestos. Se trata de Julio Gómez-Pomar, ex secretario de Estado de Infraestructuras con el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. Pese a que durante la etapa del PP en Moncloa nunca llegó a plantearse esta posibilidad, Gómez-Pomar provocó más de una sorpresa al pronunciarse activamente a favor de una alternativa que es del gusto del actual Gobierno y para la que está buscando el máximo consenso.
Durante su participación en unas jornadas sobre inversiones en infraestructuras organizadas por el diario El Economista, el ex número dos del Ministerio de Fomento justificó su apoyo al pago por uso por la creciente necesidad de inversión que existe en la actualidad. "En este punto, no debemos olvidar que el elemento principal es si tiene que pagar el usuario o los Presupuestos. Y tenemos que ir pensando en pasar a un modelo de pago por uso".
Un asunto en el que las compañías concesionarias de infraestructuras y sus accionistas, principalmente grupos constructores, han insistido de forma reiterada durante los últimos años aunque en vano, dado que el Gobierno del PP no fue favorable a este modelo a pesar del déficit generado en el mantenimiento de la red de carreteras provocado por la caída de la inversión pública.
No obstante, Gómez-Pomar demostró tener una visión diferente desde su actual posición como presidente del Centro IE para la Economía del Transporte y Gestión de Infraestructuras, una suerte de think tank del Instituto de Empresa centrado en el sector. "En infraestructuras como los puertos y los aeropuertos ya tenemos desde hace tiempo un sistema de pago por uso, que no se replica en el caso de las carreteras", destacó Gómez-Pomar, quien incluso fue más allá al asegurar que otras infraestructuras no relacionadas por el transporte también deberían regirse por este esquema.
Apoyo de la empresa privada
El actual Ministerio de Fomento cuenta con el apoyo de las empresas del sector para esta cuestión, como reflejó el presidente de Seopan, Julián Núñez, también presente en las jornadas, que apuntó como dato que de los 27 países de la Unión Europea, 23 tienen toda su red de alta capacidad tarificada. Y del resto, España es la que menos peajes presenta en proporción, tan sólo un 18% de la red.
"El pago por uso es un modelo básico, el más equilibrado de todos. Y además redunda en beneficio de la cohesión territorial", destacó Núñez. En la misma línea, Alejandro de la Joya, consejero delegado de Cintra (filial de concesiones de Ferrovial), avaló el sistema y negó que tuviera un carácter elitista. "La medida afectaría al universo de usuarios de los corredores".
El colectivo de los ingenieros también está por la labor. El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera, calificó incluso de imprescindible la asunción de este modelo. "Se adecúa mucho mejor al ciclo económico y, además, también fomentaría el empleo de otro tipo de transporte, algo que beneficiaría al medio ambiente".
Críticas al plan de carreteras
El Gobierno planteó este asunto a finales del pasado año, cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lanzó varios mensajes alertando sobre el déficit que había encontrado en el mantenimiento de las carreteras a su llegada al departamento y la imposibilidad de cubrirlo por vía presupuestaria. A raíz de esto se creó una Comisión para debatir la posibilidad de implementar el modelo.
Sin embargo, el punto que no despertó tanta pasión fue el referido al capítulo de la inversión público-privada, que contaba con un mayor peso en los planes del anterior Gobierno. En este sentido, Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Fomento defendió el modelo de inversión pública, toda vez que es "el que ha llevado al desarrollo de nuestra red de carreteras a ser una historia de éxito".
La parte privada apuesta más por el sistema concesional y no termina de ver con buenos ojos el nuevo plan de carreteras avanzado por Fomento. "Se ha eliminado prácticamente el riesgo pero va a ser muy difícil encontrar interesados por su limitada rentabilidad", pronosticó De la Joya. En este caso, Gómez-Pomar se sumó a la crítica y recalcó en ámbitos como el aeroportuario o el energético las retribuciones son significativamente más elevadas. "Además, el tiempo máximo de concesión es de 10 años, demasiado corto, lo que convierte la concesión prácticamente en un contrato de obra".
