El último pleno de la XI Legislatura ha convalidado hoy prorrogar un año más la ayuda de los 426 euros mensuales que reciben los parados de larga duración con cargas familiares y que no reciben ningún tipo de prestación. La prórroga durará hasta el 15 de abril de 2017 y ha recibido 325 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. Ha sido la única Ley que ha sido aprobada en esta legislatura, ya que las Cortes se disolverán el próximo martes una vez se convoquen nuevas elecciones.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha recordado en la defensa de esta iniciativa las consecuencias sociales de la crisis y el impacto que ha tenido sobre el empleo. Tres datos certifican lo ocurrido. Con caídas similares del PIB entre 2008-2011, en España se destruyó 4 veces más empleo que Italia, 7 más que Reino Unido y 13 veces más que Francia. Por otra parte, el mayor desempleo en España durante los primeros años de la crisis, explicaba que la mitad de los europeos que entraban en riesgo de pobreza entre 2007-2011 lo hicieran en nuestro país. Y que el número de personas en riesgo de pobreza creciera en España el doble que en Italia y 14 veces más que Francia, por ejemplo. Por último, este mayor desempleo explica también que la desigualdad social creciera en España 13 veces más que la media Europea. La tasa de paro casi se triplicó.
Parados con cargas familiares
La ministra ha explicado que el Gobierno y los interlocutores sociales han compartido en este ámbito los objetivos y así fue como nació el “acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo” firmado por Mariano Rajoy, los empresarios y los sindicatos en julio de 2014. En este acuerdo, la protección social y la activación del empleo ocuparon un papel central.
Cinco meses más tarde, nació el Plan Especial de Activación para dotar de nuevas oportunidades a los trabajadores desempleados con mayores dificultades de inserción. En este escenario se inserta el programa que hoy ha decidido prorrogar el Congreso destinado a parados de larga duración con cargas familiares. El plan combina políticas activas gestionadas por los Servicios de Empleo de las comunidades autónomas con una ayuda económica por importe del 80% del IPREM que abona el Servicio Público de Empleo Estatal.
