La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) lleva tiempo haciendo propuestas para reformar el maltrecho sistema de financiación autonómica. El director del think tank, Ángel de la Fuente, es todo un experto en la materia y ha presentado ya diversas ideas para abordar este cambio que el Gobierno lleva aplazando años. Esta misma semana Fedea ha presentado otro documento en el que hace una nueva propuesta: la creación de un fondo de reserva similar al de la Seguridad Social para las comunidades autónomas. El objetivo es mejorar la transparencia presupuestaria, frenar la deuda futura y asegurar la financiación de los servicios públicos fundamentales en épocas de crisis.
Estas propuestas son importantes porque la reforma de la financiación será uno de los grandes retos del próximo gobierno. A pesar de que el PP se comprometió a hacer la reforma en la pasada legislatura, la crisis obligó al Ejecutivo a posponerla hasta que la situación mejorase. "No hay dinero", llegó a decir un día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además, no es la primera vez que se hace una propuesta de este tipo. El Banco de España puso sobre la mesa esta idea hace ya unos meses. ¿Por qué insisten en estos instrumentos? Según Fedea, son mecanismos de protección frente crisis o recesiones severas que debilitan mucho los ingresos y elevan considerablemente los gastos. El fin es evitar un déficit público de gran magnitud.
Un fondo de este tipo, según explica Fedea, sería el complemento perfecto para las reglas fiscales más estrictas y permitiría una mayor flexibilidad a la hora de atender necesidades futuras de gasto. ¿A qué tipo de necesidades se refiere el think tank? A las que puede generar una fase recesiva del ciclo, como el pago de las prestaciones por desempleo, las crisis financieras o los problemas demográficos que pongan en peligro los gastos sociales.
El objetivo del fondo sería asegurar la financiación de gatos previsibles, pero no cuantificables, como las prestaciones por desempleo en épocas de crisis
Este fondo sería pues diferente al actual Fondo de Contingencia, destinado a financiar gastos no previstos para garantizar que se cumplan las cifras de déficit. El fondo de reserva de las comunidades, en cambio, se destinaría a gastos previsibles, aunque no cuantificables. Por eso, Fedea reconoce que los ciudadanos podrían penalizar la creación de una figura de este tipo al pensar que el Gobierno sacrifica las necesidades del presente para financiar gastos del futuro que no están asegurados.
A la hora de diseñar un fondo de reserva para las comunidades autónomas caben dos posibilidades: un fondo general y común para todas ellas o fondos individuales para cada región. Fedea se inclina más por el fondo común. A su parecer, es una propuesta más “eficaz, eficiente y equitativa” porque encaja mejor con el cumplimiento de los objetivos europeos y con el principio constitucional de solidaridad.
Si se opta por esta opción, se puede emular la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social reformando la Ley de Estabilidad y la de la financiación. Se tendría que constituir como un instrumento puro de estabilización económica y diferenciarlo de otros fondos como el de Contigencia y otros mecanismos para dar liquidez a las comunidades. Su dotación se haría a través del Presupuesto del Estado y de los de las CC.AA. en una proporción que habría que determinar según criterios objetivos y transparentes. Financiar el fondo sería algo obligatorio y automático para las comunidades, pero siempre sin afectar a la financiación de los servicios básicos.
El Estado podría asegurar la financiación de este fondo reteniendo dinero a las CC.AA.
Fedea dice incluso que si una comunidad no cumpliese con esta obligación de aportar lo que le corresponda al fondo común, el Estado podría aprobar una retención de fondos para hacer frente al pago directo de dicha obligación. Además, habría que definir claramente cuándo se podría acceder al fondo, los límites de disposición, los fines específicos para los que se puede usar y el órgano que puede aprobar las disposiciones, que probablemente sería el Consejo de Ministros.
Además, la fundación considera muy importante crear órganos de control, seguimiento y asesoramiento, igual que en la ‘hucha de las pensiones’. En este sentido, propone dar más poder al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que influya en todo lo anterior y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emita informes antes de las autorizaciones del Consejo de Ministros. Además, el fondo tendría que estar supervisado por la Intervención General del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo. Y una vez al año la AIReF también tendría que presentar a las Cortes y al CPFF un informe sobre la evolución del fondo.
Los fondos individuales
La otra alternativa sería que cada comunidad creara su propio Fondo de Reserva, como de hecho ya han hecho Castilla-La Mancha y Cataluña, aunque su desarrollo, hasta ahora, es nulo. Fedea no es muy partidaria de esta opción y cree que, si se lleva adelante, tendría que hacerse acordando una actuación común en todas las regiones en el CPFF. Por ejemplo, cree que lo ideal sería que cada CC.AA. hiciera aportaciones automáticas y obligatorias con cargo al superávit cíclico y a partir de criterios exactos. También se podrían financiar con una parte de la recaudación tributaria de cada región.
Ya sea a través de la creación de un fondo común para todas ellas o del desarrollo de fondos propios, parece que esta idea va cogiendo fuerza. Lo cierto es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido vital durante la crisis y ha permitido garantizar el pago de las pensiones, sobre todo desde que el Partido Popular eliminó la limitación para utilizar la hucha (el 3% del gasto total en pensiones contributivas y gastos de gestión). Esta limitación volverá a estar en vigor a no ser que el Gobierno utilice una norma de rango legal para evitarlo, como los Presupuestos Generales de 2017, que siguen en el aire por la incertidumbre política.
