La última versión de la ley de desempleo alemana ya está en vigor y no trae buenas noticias para los parados. La nueva actualización de la norma restringe aún más el acceso a las prestaciones asistenciales hasta el punto que los parados que rechacen tres ofertas podrán perder el subsidio. En concreto, el Estado alemán reducirá en un 30% la ayuda social alemana Hartz IV a todos los parados que rechacen una oferta de empleo o un curso de formación, con independencia del empleo que sea. El recorte será del 60% para los que se nieguen también a aceptar la segunda oferta que les llegue. Y si rechazan la tercera oferta, perderán toda la ayuda.
La nueva norma es mucho más agresiva con los menores de 24 años, que perderán el 100% del subsidio cuando rechacen dos ofertas de empleo. Además, los llamados 'Job Center' tendrán derecho a comprobar mensualmente los datos bancarios de cualquier beneficiario y a acceder a la información de los familiares del afectado. Hasta ahora, esta comprobación solo se podía hacer de forma trimestral. Por otro lado, el cambio incluye también nuevas ayudas de unos 350 euros al mes para aquellos ciudadanos que realicen una formación profesional.
Las nuevas medidas del gobierno alemán afectarán, sobre todo, a los inmigrantes. La propia ministra de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno alemán, Andrea Nahles, dejó claro el pasado mes de junio que uno de los objetivos era limitar el acceso de los desempleados de otros países a las prestaciones alemanas. Según las cifras de la Oficina Federal de Empleo (BA), cerca de un millón y medio de extranjeros recibía a finales de abril el subsidio Hartz IV, un 26% de los 5,93 millones de receptores.
En España también hay una serie de restricciones que pueden llevar a la pérdida de la prestación
Otros países de la Unión Europea como Francia y Reino Unido e incluso España también castigan a los desempleados que rechazan ofertas de trabajo. La norma española contempla una serie de infracciones que pueden llevar a la pérdida de la prestación durante uno, tres, seis meses e incluso a la extinción de la misma si se rechazan reiteradamente ofertas de empleo adecuadas o si un parado se niega a participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción, formación y reconversión profesionales, salvo causa justificada.
En España también se puede perder definitivamente el derecho a prestación si no se comunican las bajas en la prestación cuando se producen situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejan de reunir los requisitos para su percepción y, por tanto, se ha percibido indebidamente la prestación. Y en todos los supuestos de extinción de la prestación se requiere el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
BBVA quiere penas mayores
Sin embargo, son muchos los organismos que reclaman un endurecimiento de las sanciones y las penas. Uno de los últimos en hacerlo fue el Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research), que presentó en mayo un documento titulado 'Hacia un mercado de trabajo más eficiente y equitativo' en el que apostaba por incrementar la exigencia de búsqueda de activa de empleo, estrechar el vínculo entre la percepción de prestaciones y la participación en programas de activación y adaptar el concepto de “oferta de empleo” a los estándares internacionales. Esto incluye la revisión de los criterios sobre el tipo de actividades que se consideran aptas para un parado, la relajación de las restricciones sobre la movilidad y la agilización de las sanciones y el aumento de las penas cuando se rechaza la primera oferta de empleo adecuada.
La entidad también proponía recortar la duración de las prestaciones al menos cuando la economía esté en una fase de crecimiento y a los ciudadanos les resulte más fácil salir del paro. A su parecer, la duración actual del derecho a percibir estas prestaciones (24 meses) es comparativamente elevada y desincentiva la búsqueda de empleo, por lo que sería deseable reducirla al menos durante las fases expansivas con una regla automática que vinculase el tiempo de prestación con algún indicador del mercado de trabajo. En Canadá existe un modelo similar en el que las condiciones de acceso a la prestación, la cuantía y la duración cambian en función del comportamiento de las tasas de desempleo regionales.
