Economía

Fedea propone limitar el uso de 'tarifas planas' a colectivos vulnerables

El Gobierno quiere financiar estos subsidios a la contratación vía Presupuestos, pero Fedea cree que hay que ir un poco más allá y limitarlos a determinados colectivos porque ahora no son eficaces.

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Una de las medidas que ha propuesto ya el Gobierno para aliviar la carga del sistema de pensiones es financiar las subsidios a la contratación como las 'tarifas planas' a través del Presupuesto. El objetivo es tapar el actual roto de 2.000 millones que generan en la Seguridad Social. Pero algunos expertos, como Fedea, van un poco más allá y proponen que este tipo de subsidios se revisen y se limiten a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes y los parados de larga duración, porque ahora no son muy eficaces.

Y es que, según Fedea, la investigación económica indica que el uso generalizado de incentivos a la contratación no tiene un claro impacto en el empleo global. Y lo que es peor, en la práctica, pueden impedir la contratación de colectivos vulnerables. Por eso, cree que uno de los objetivos del Gobierno en esta legislatura debe ser revisar la reciente proliferación de estos subsidios y bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para hacer cambios.

¿Su apuesta? limitar el uso de estos incentivos a los grupos más vulnerables, como los jóvenes y los parados de larga duración. Además, esto permitiría liberar recursos para otras cosas, ya que, por ejemplo, algunos de estos parados que llevan mucho sin empleo pueden necesitar apoyo financiero después de ser contratados por las empresas. Lo que tiene claro la fundación es que las discusiones sobre cómo crear empleo y evitar la pobreza deben ser un elemento central del debate y generar propuestas con amplio consenso.

El Gobierno ya ha dado algunos pasos para poner en marcha sus propuestas

Algunos de los subsidios a los que se refiere Fedea son, por ejemplo, la 'tarifa plana' de 100 euros para contratos fijos que se anunció en el año 2014, la 'tarifa plana' de autónomos, el contrato de formación o la exención de cotización de los primeros 500 euros de sueldo en los nuevos contratos indefinidos. Medidas que están saliendo caras a la Seguridad Social y que parece que no están demostrado su eficacia.

De hecho, Fedea no es el primer organismo en poner en duda estos supuestos incentivos al empleo. Otros expertos comparten la teoría de que cuando se diseñan de una forma tan general no son eficaces. Y los sindicatos nunca han entendido que se financien a través de la Seguridad Social, generando así un problema para las pensiones. Tampoco creen que la solución sea financiarlos ahora con Presupuestos, sino que más bien apuestan por otras vías para cerrar agujeros, como la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la subida de las cotizaciones.

Lo cierto es que el Gobierno ya ha dado algunos pasos en este sentido. Hace solo unos días determinó la conversión de reducciones de las cuotas a la Seguridad Social asociadas a la 'tarifa plana' de autónomos y al contrato de formación en bonificaciones para que se paguen con cargo a los Presupuestos, cuando los beneficiarios sean jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil. Y hace solo unas semanas aprobó la mayor subida en 30 años del SMI, del 8%, y un incremento de las bases de cotización. 

Fedea también propone que las CC.AA. ofrezcan atención personalizada a los parados de larga duración

En cualquier caso, la revisión de los subsidios no es la única propuesta de Fedea. A su parecer, la recuperación de la crisis financiera y económica no estará completa hasta que se logre reducir el desempleo a los niveles registrados antes de la crisis. Y para poder conseguirlo, uno de los principales retos será diseñar políticas eficaces que ayuden a reducir el paro de larga duración.

Puesto que las competencias en políticas activas las tienen las regiones y no el Estado, la fundación considera que las CC.AA. deberían centrarse en dar atención individualizada a los desempleados que más tiempo llevan engrosando las listas de paro. Y es que, tal y como pone de manifiesto su último estudio, este tipo de parados tardan 9,5 meses de media en recibir los primeros servicios de políticas activas. 

También propone intensificar la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo con otros intermediarios como las agencias de colocación y entidades especializadas del tercer sector, mejorar la coordinación a nivel local, reducir el gasto en programas de empleo público e intensificar la inversión en formación y el uso de bonificaciones y fortalecer los vínculos con las empresas locales.

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