La explotación agropecuaria que se desarrolla en la finca La Losilla, situada en Villarejo de Salvanés, al sur de Madrid, en la que trabajan más de 20 personas, corre el riesgo de quedar en desuso por el bloqueo de las cuentas de su propietario, Roberto Rincón Bravo.
Rincón Bravo fue detenido en Madrid en junio de 2018, junto a su madre, María Lila Rincón, en una operación contra el blanqueo de dinero de parte de la fortuna lograda por su familia presuntamente procedente de la petrolera pública venezolana PDVSA. Su padre, Roberto Enrique Rincón, fue detenido en Estados Unidos en el año 2015 por encabezar supuestamente una red que desvió 1.000 millones de dólares de PDVSA.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los bienes que la familia posee en España proceden de las irregularidades cometidas en la petrolera estatal venezolana, por lo que sus cuentas fueron bloqueadas por orden del juez.
La Losilla
En La Losilla, que alberga también una lujosa mansión, se explotan 4.000 olivos, 35.000 cepas de viñedos, 97 cabezas de ganado y más de una decena de caballos.
En octubre de 2018 se denegó el desbloqueo de cuentas solicitado por la defensa de Rincón Bravo para hacer frente a los gastos de la explotación de la finca, y el abono de los salarios de las personas que allí trabajan. Y en un auto del pasado día 10 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 41 desestimó recurso de reforma presentado frente a la anterior providencia, impugnándose en apelación y pendiente ahora de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
En un escrito enviado recientemente al juzgado de Madrid, los abogados de Rincón Bravo advierten que antes de que el juez denegara el desbloqueo de las cuentas para atender las necesidades de la explotación, esta se atendía a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), y que funcionaba "perfectamente". El Juzgado autorizaba el desbloqueo de fondos de la familia venezolana para sufragar los gastos de la finca y el abono de los salarios.
La defensa de Rincón Bravo propone depositar las llaves de la finca en el juzgado y que se tomen medidas para salvar la explotación
En el escrito enviado por la defensa de Rincón Bravo al juzgado, se subraya que, a partir de la providencia de octubre de 2018 por el que se desestimó el desbloqueo de las cuentas de los investigados, el régimen de administración de la finca madrileña ha quedado "relegado a un limbo jurídico", imposibilitándose afrontar el gasto de la explotación así como facturar los rendimientos ganaderos y agrícolas generados.
La defensa del empresario venezolano plantea al juzgado tres soluciones: volver al régimen del Orga; designar a Roberto Rincón Bravo como administrador judicial para la finca y depositar en el juzgado las llaves de la explotación, los contratos de los empleados, y un inventario de los bienes para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes.
