El Fondo Monetario Internacional (FMI) se posiciona en contra de dos de las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a familias y empresas ante el shock energético y que aún no ha decidido si prorrogará en 2023: las reducciones del impuesto sobre la electricidad y la bonificación de los carburantes. "Han sido costosas desde el punto de vista fiscal y han beneficiado de forma desproporcionada a los hogares con mayores ingresos", destaca.
El Gobierno aún no ha descartado que vaya a prorrogar estas medidas en 2023, aunque de momento no las ha incluido en sus Presupuestos, lo que podría desajustar sus cuentas, tal y como alertó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta institución ya alertó de que dos medidas beneficiaban especialmente a las rentas altas: el abono de Renfe para la media distancia, y las de carburantes. La del transporte ya se ha prorrogado en los Presupuestos de 2023.
En su informe, la institución dirigida por Kristalina Georgieva destaca el "oportuno despliegue del apoyo público" con políticas como los bonos sociales o el aumento del ingreso mínimo vital, que ha amortiguado el impacto de la fuerte subida de los precios de la energía, aunque destaca que "un mayor grado de focalización de las medidas sería deseable".
De momento, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, avanzó hace unas semanas que "lo deseable" sería que la bonificación de 20 céntimos de euro al combustible, de prorrogarse, "se restrinja" al ámbito profesional o a determinados colectivos. Sobre la rebaja del IVA de la electricidad y del gas, comentó que "se está viendo si se extiende a todo 2023 o sólo a una parte del año" por el impacto fiscal que tiene.
Avala los impuestos a banca y energéticas, pero "temporales"
Para financiar estas ayudas, el FMI ve con buenos ojos los impuestos a banca y energéticas, así como el nuevo gravamen a las grandes fortunas. "Como se prevé que los precios de la energía permanezcan en niveles elevados el
próximo año, recaudar ingresos temporales adicionales para financiar el apoyo a los más vulnerables es una estrategia bienvenida, pero el seguimiento del impacto de las medidas es necesario", comentan.
En concreto, califican de "apropiado" subir temporalmente los impuestos de las empresas y los hogares de altos ingresos que se han visto menos afectados por la crisis energética; aunque advierten de que se aplican sobre los ingresos y no sobre los beneficios, por lo que no tienen en cuenta los costes.
En este sentido, "será importante vigilar la incidencia de los gravámenes sobre la disponibilidad de crédito, los costes del crédito y la resiliencia de los bancos, así como sobre los incentivos a la inversión de las empresas energéticas". Además, advierte que "estas medidas deben ser temporales y no se deben considerar como un reemplazo de la necesaria reforma tributaria a medio plazo".
Plan fiscal para controlar la deuda
Además, el FMI ha vuelto a reiterar la necesidad de elaborar "anticipadamente" planes fiscales "creíbles" a medio plazo. "La consolidación fiscal debería depender de la movilización de ingresos adicionales y de una mejora de la eficiencia del gasto", comentan.
En su opinión, una reforma de los ingresos podría ampliar las bases impositivas y reforzar los impuestos medioambientales, conforme a las recomendaciones de la evaluación de expertos sobre el sistema tributario de España publicada este año. Las medidas que pueden tener un efecto desproporcionado en la población de bajos ingresos deberían ir acompañadas de gasto público focalizado, dirigido a proteger a los más vulnerables.
Por su parte, comenta que las mejoras en la eficiencia del gasto deberían estar guiadas por las evaluaciones del gasto realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Entre las principales partidas de gasto están las pensiones, sobre las que el FMI advierte que se necesitarán "medidas adicionales" para contrarrestar el aumento derivado de la reforma de las pensiones de 2021.
"La reforma indexó de forma permanente los pagos de pensiones a la inflación del IPC y derogó el factor de sostenibilidad, con lo cual se prevé que para 2050, los gastos anuales por pensiones aumenten en más de un 3% del PIB, en comparación con la implementación total de la normativa anterior", explican,. Advierten que solo una parte del aumento estaría compensada por otras medidas adoptadas en la primera etapa de la reforma.
España adoptó nuevas medidas en 2022, incluida la reforma del sistema de cotización para trabajadores autónomos, y se ha comprometido a introducir reformas adicionales hacia finales de 2022, lo que incluye ampliar el período de cómputo de las pensiones de jubilación y elevar la base máxima de cotización. No obstante, el FMI ha comentado que las discusiones sobre esta segunda parte de la reforma están aún en marcha y tendrá que esperar a que finalicen para valorarla.
