El Gobierno inyectará algo más de 180 millones de euros a Seittsa, la sociedad pública que se está ocupando del rescate y la posterior relicitación de las ocho concesionarias de autopistas de peaje en situación de quiebra. Serán los primeros costes que deberá asumir por todo el proceso aunque, eso sí, al menos ha logrado retrasar dos años la citada aportación merced a la modificación del convenio firmado en su día por la Administración General del Estado y Seittsa.
El dinero llegará de las arcas públicas a Seittsa a través de una ampliación de capital que estaba previsto que se desembolsara durante los ejercicios 2017 y 2018, a razón de algo más 90 millones de euros por año. La modificación del convenio ha situado ahora el desembolso de esas aportaciones en los años 2019 y 2020.
El cambio ha venido motivado por las especiales circunstancias que se dieron durante el ejercicio de 2016, con algo más de diez meses en situación de Gobierno en funciones, lo que propició un acuerdo de no disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado de aquel año, por valor de 2.000 millones de euros. Y también que los Presupuestos para el siguiente ejercicio fuera aprobado a mediados de año, con lo que no se asignó partida alguna de créditos para las aportaciones a Seittsa.
De esta forma, los 182 millones de euros que irán a parar a la sociedad pública y que estaban pendientes de ser desembolsados llegarán cuando el Estado haya vuelto a poner en el mercado las concesiones que ha asumido en las últimas semanas. Al menos, siempre que se cumpla el calendario que maneja el Ministerio de Fomento, cuya intención es llevar a cabo la licitación de las concesiones, probablemente en dos lotes, antes de que concluya 2018.
Calendario en el aire
Seittsa está siendo la encargada de gestionar las concesiones que el Gobierno va rescatando durante el periodo en que estén bajo la administración del Estado. En principio, deberá hacerlo durante apenas unos meses, aunque el proceso podría alargarse algo más si concurren circunstancias o retrasos imprevistos con los procesos judiciales relacionados con los respectivos concursos de acreedores de las concesionarias.
El Ministerio de Fomento está particularmente pendiente del que atañe a la AP-41 (Madrid-Toledo), toda vez que es el que se encuentra en una fase menos avanzada. De hecho, los planes del Ejecutivo pasaban por tener bajo su control a finales de abril todas las concesiones que posteriormente volverá a licitar. Sin embargo, a día de hoy, aún no cuenta con todas ellas.
La dotación a Seittsa a través de la ampliación de capital no está relacionada con el punto más polémico (y más costoso) del proceso de rescate de las autopistas de peaje: la célebre responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), cuyo cálculo será establecido una vez que el Estado haya recuperado el control de todas las concesiones.
Polémica por la RPA
Las aportaciones a Seittsa están relacionadas con el proceso previo, es decir, el que está llevando a cabo hasta este momento. Para la RPA, el Estado prevé un coste de unos 1.800 millones de euros, de acuerdo con la actualización del Plan de Estabilidad presentado recientemente por el Gobierno a la Comisión Europea.
La cantidad está muy alejada de los cálculos realizados por los acreedores de las concesionarias, que estiman que este coste se sitúa por encima de los 4.000 millones de euros, lo que hace muy probable que la situación deba resolverse en los tribunales de lo contencioso-administrativo.
