El Ministerio de Fomento ha constituido un grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para "coordinar y compartir" las políticas que lleven a cabo para aplicar el Decreto sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobado el viernes.
Este grupo de trabajo estará además abierto a la participación, "cuando resulte oportuna", de los ayuntamientos y las empresas involucrados en el asunto.
Así se acordó en la reunión mantenida este miércoles entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas con el fin, precisamente, de explicar las nuevas medidas para el sector del VTC que incluye el Decreto y "resolver dudas de carácter técnico o de interpretación" de las administraciones regionales.
El encuentro fue a nivel de directores generales de Transportes, con lo que, por parte de Fomento, acudió la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, según informó este Departamento.
Segundo encuentro
Se trata del segundo encuentro que Fomento mantiene con las comunidades autónomas para tratar sobre el sector del taxi y el VTC tras el que tuvo lugar el pasado 1 de agosto.
No obstante, aquel encuentro se celebró en medio de la semana de paros que los taxistas llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades en protesta por la competencia desleal que, según aseguran, presentan los VTC.
Además, la reunión de agosto se realizó en el marco de la Conferencia Sectorial, con lo que estuvo presidido por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y asistieron los distintos consejeros autonómicos del ramo.
En aquella reunión fue en la que Ábalos planteó su propuesta de que sean las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que pasen a regular y gestionar los VTC por tratarse de un servicio de transporte urbano.
Real Decreto Ley
Esa propuesta finalmente se plasmó en el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado viernes. La nueva norma permite a los gobiernos regionales entrar a regular las condiciones del servicio de VTC, al igual que ya hace con las del taxi.
Además, abre la puerta a que en un plazo de cuatro años los ayuntamientos puedan limitar el número de coches de VTC en sus respectivas ciudades.
