El fracaso del Fondo Social de Viviendas (FSV) en alquiler, con poco más de 250 viviendas adjudicadas sobre la bolsa de 6.000 pisos aportados por la banca, está obligando a su reformulación. El sector financiero ha pedido al Gobierno que se todas eliminen las condiciones exigidas a los ciudadanos para poder acceder al fondo ante la escasez de peticiones, según explican fuentes del sector. Una petición que se encuentra actualmente en estudio por parte de Economía y que puede salir adelante de confimarse las bajas operaciones del FSV, aseguran fuentes del ministerio que dirige Luis de Guindos.
"El Fondo Social de Viviendas lleva aún poco tiempo de recorrido. Si se demuestra que no funciona, el Ministerio está dispuesto a rebajar las condiciones para que tenga acceso un mayor número de ciudadanos", explican desde Economía.
Los bancos lamentan que la población no pueda hacer uso de estas viviendas pese a que muchas entidades han eliminado el pago del alquiler social ante la falta de demanda. Otras, como Bankia, asumen el coste del alquiler ante la imposibilidad del pago de los inquilinos. Hasta la fecha, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha destinado 200.000 euros para este fin.
Las condiciones atuales exigen que los arrendatarios sean personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años. Economía estudia rebajar estas exigencias si se confirman la poca aceptación del fondo. Hasta mayo pasado, apenas se han recibido poco más de 400 solicitudes de alquiler.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.
A juicio del sector financiero, la nula demanda es fruto de la falta de publicidad del FSV. En este sentido, la Asociación Española de Banca (AEB) ha remitido una carta al Ministerio de Economía que encabeza Luis de Guindos, presidente de la comisión que sigue el funcionamiento del fondo, en la que atribuye su escasa acogida a la falta de implicación del sector público y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en hacer llegar la información a los potenciales interesados.
Desde la banca se lamenta la falta de implicación de instituciones como Cáritas, Cruz Roja o los propios ayuntamientos a la hora de participar en la distribución de estos paquetes de viviendas. Los bancos ya han expresado sus quejas en la comisión de seguimiento del Congreso constituida para este asunto.
La patronal insta además a los servicios sociales de los ayuntamientos a identificar a las personas o familias necesitadas de vivienda. Y a las ONG a difundir información a través de la red de Cruz Roja, las oficinas parroquiales de Cáritas y los comedores sociales, así como a asesorar a los posibles solicitantes.
"Desde un primer momento, no estábamos de acuerdo con la creación de este fondo porque pensábamos que era más necesario un fondo que aportase dinero para las familias que estaban en situación de ser desahuciada. Un fondo general, solidario, en el que la banca aportase la mayor parte de los fondos pero también el resto de los ciudadanos que se recaudaría, por ejemplo, elevando un céntimo el precio de los carburantes. Con este dinero se habría ayudado a estas familias a mantenerse en sus casas", aseguran fuentes del sector financiero.
"El problema de este fondo", prosiguen estas fuentes, "es que la gente a la que se las ofrecemos ya están colocados o no quieren irse a ciertos barrios (porque están lejos del colegio de los niños, es en el pueblo de al lado o son casas que no les gustan porque son peores de las que tenían o tienen) o piden que se les dé la casa en la que vivían antes de ser desahuciados".
La entidad que más viviendas ha aportado al fondo social es Bankia (1.000), seguida de BBVA (900), Caixabank (850) y Santander (590). También forman parte de las 33 entidades que se han adherido al convenio Catalunya Caixa (355), Popular (336), Sabadell (250), Novagalicia Banco (200), BMN (180), Barclays (142) y Kutxabank (100).
