España afronta la gestión de la llegada de 140.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos para la recuperación sin haber regulado la actividad de los lobbies. Los grupos de presión van a desempeñar un papel fundamental en esa labor, pero el Gobierno ha incumplido su promesa de regularlos.
¿No sería conveniente que la ciudadanía conociera con quién se reúnen los políticos de cara a la recepción de esos fondos? En los dos últimos años grupos de comunicación y asesoría españoles han incluido en sus plantillas a numerosos expolíticos, que ahora desarrollan esa labor de lobby. Para acceder a esos fondos, las empresas contratan a esas firmas de consultoría que tratan de influir en la decisión política final.
El acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos incluía el punto 2.11.14, que decía: "Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas". Pero poco se ha hecho.
Entre los grupos parlamentarios hay consenso en la necesidad de regular los lobbies, pero no se ha cristalizado en un proyecto de Ley
"Aún cumpliendo los plazos previstos por la Dirección General, entrando los proyecto de ley en el Congreso de los Diputados a lo largo de 2023 y estando prevista la disolución de las Cámaras, en primavera u otoño de 2023, es evidente que no habría plazo para su tramitación", explica María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (Apri).
La asociación trabaja desde hace una década en la elaboración de un proyecto de regulación que ha ido actualizando constantemente. "A los grupos parlamentarios les parece bien, siempre apoyan esta iniciativa, pero luego ese apoyo no se cristaliza en un proyecto de Ley", lamenta Rotondo.
Y ahora, no tener una regulación de los lobbies, resulta perjudicial para los intereses de España de cara a la recepción de los fondos europeos.
"Nos estamos centrando mucho en el reparto de los fondos y poco en el control", comenta María Rosa Rotondo, presidenta de Apri
Europa va a exigir unos estándares de calidad democrática a la hora de decidir el reparto de los fondos de los programas europeos de reconstrucción Next Generation, y no disponer de una regulación de los lobbies no es la mejor carta de presentación.
"Nos estamos centrando mucho en el reparto y poco en el control", considera la presidenta de Apri. La Comisión Europea, en un informe sobre el Estado de Derecho, identifica claramente las carencias de España en términos de calidad democrática, entre ellas la ausencia de una regulación de los lobbies.
Carencias democráticas "como el procedimiento de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía General, la mejora de las normas de contratación pública y la inexistencia de una regulación de los grupos de interés en España", recuerda Rotondo.
Función pedagógica
"Es momento de normalizar los lobbies", subraya Juan Torres, portavoz de Apri. "Cumplen una función pedagógica relevante, y regularizar su actividad es conveniente para todos", considera. "El escrutinio del día a día de lo que hacemos no es cómodo para nadie, pero en el caso de los políticos debe ser así", indica Torres.
La asociación de grupos de presión se ha reunido con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para trasladar la necesidad de regular su actividad. En los próximos días Apri tiene previsto iniciar una campaña de concienciación entre asociaciones, grupos parlamentarios y ministerios.
"Existe un consenso político muy avanzado, casi total, sobre los contenidos del proyecto de regulación", subraya María Rosa Rotondo. Y también, añade, sobre la necesidad de reducir el desprestigio de la clase política entre los españoles. "Un retraso injustificado de esta medida puede dar una imagen distorsionada de las verdaderas intenciones del Gobierno. Es imprescindible priorizar la entrada de este proyecto en Cortes en 2021", destaca.
