Los grandes tenedores de vivienda, controlados en su gran mayoría por importantes fondos internacionales, empiezan a alzar la voz sobre un tema espinoso si los hay, el de los impagos de los inquilinos.
Tal y como informó este medio en su momento, los cálculos de los principales fondos ya a finales de marzo contemplaban problemas en el mercado a dos meses vista si no se recibían ayudas públicas. Según transmiten distintas fuentes cercanas a los principales tenedores de vivienda de este país, ahora ya pueden constatarse niveles de morosidad a su juicio "no sostenibles" en el tiempo. Y ello porque, esgrimen, la rentabilidad de los alquileres no es ya tan elevada y sus inversiones empiezan a apretar.
Este tipo de tenedores representa el 5% del mercado (entre 250.000 y 400.000 viviendas), frente al 85-95% de los particulares. A estos últimos, el Gobierno no les impuso respuestas a sus inquilinos, más allá de fijar la suspensión de desahucios por seis meses. A los fondos, paralelamente, el Ejecutivo les fijó la obligación de condonar la renta de dos meses o morar cuatro a devolver en tres años siempre que el inquilino lo pidiera.
Aunque con distintas cifras, las distintas estimaciones coinciden en señalar que la morosidad de los inquilinos de grandes tenedores se ha triplicado, hasta alcanzar un 10-15% sobre el total según el operador. El problema de los impagos detectados referidos, inciden distintas fuentes, es que tienen que ver con personas que ya estaban en una situación precaria antes de la covid, lo que implica que la cifra podría ir elevándose. En su mayoría, son impagos en los que no ha mediado una petición de moratoria de cuatro meses o condonación de dos meses ni solicitud de acceso a la línea de microcréditos bancarios con aval del Estado para el pago del alquiler que abrió el Gobierno el pasado 1 de mayo .
Impagos unilaterales y atascos en los préstamos bancarios
En esa línea, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), formada por propietarios de vivienda profesionales y particulares, alerta de un incremento de la morosidad del 5% al 15% entre sus asociados.
"Solo un 3% de los inquilinos de los asociados profesionales de ASVAL ha mostrado interés por acogerse a la moratoria del pago de sus alquileres, lo que demuestra que muchas familias con dificultades económicas optan inicialmente por dejar de pagar sus alquileres antes que aplazar el pago o fraccionar la deuda", afirma Beatriz Toribio, directora general de Asval.
"Actualmente existe una resistencia a solicitar créditos para pagar el alquiler", según Toribio, incidiendo en que, en el caso de inquilinos de los colectivos más vulnerables, "no quieren endeudarse aún más en un momento en el que han visto cómo sus ingresos se han reducido notablemente al entrar en un ERTE o perder su empleo".
Distintas fuentes del sector de los alquileres entre particulares señalan que el problema está siendo más acuciado entre inquilinos y grandes tenedores, ya que entre particulares "se tiende a negociar una salida" y, de momento, "la cuota de impagos es todavía muy pequeña". Paralelamente, fuentes del sector de los grandes tenedores coinciden en señalar que ya existe un problema de morosidad que no se puede soslayar.
El problema es que nosotros tenemos un negocio y tenemos un derecho a recibir algo por él que el plan de ayudas deja de lado
"Hay un poco de todo: gente que deja de pagar esperando que no le pase nada o que surja otra ayuda ante el contexto de incertidumbre; gente que quiere tramitar el acceso a ayudas o préstamos y le acaba resultando sumamente difícil, gente que no quiere endeudarse, y el problema de que recién esta semana empezaron a agilizarse los microcréditos bancarios, un poco porque la gran banca no se fía del todo de la morosidad de estos inquilinos y otro poco porque quizá el Gobierno ha dilatado los trámites para postergar al máximo algo que se si se da, será deuda estatal futura", dice una fuente cercana a un top 3 de los tenedores de vivienda a nivel nacional. Y el problema es que nosotros tenemos un negocio y tenemos un derecho a recibir algo por él que el plan de ayudas deja de lado".
A preguntas de este medio, fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana responden que las demoras han tenido que ver con el hecho de que los bancos están agobiados por otras líneas de crédito. Desde fuentes de la gran banca señalan que el asunto de los microcréditos se ha dilatado porque se habían solicitado "aclaraciones técnicas" al ICO (Instituto de Crédito Oficial) que se terminarían de resolver en los próximos días pero que, "en cualquier caso, no se está recibiendo una demanda significativa ni mucho menos" del vehículo de 1.200 millones en créditos bancarios con aval del Estado a devolver en seis años por los inquilinos. Los bancos que habían abierto los préstamos a fecha del pasado viernes eran Bankia, Santander, Sabadell, Cajamar, Liberbank, Unicaja, Abanca, Bankoa, Laboral Kutxa, Caja Pollença y Caja Ontenient.
"La situación es grave por lo que hay ahora pero más lo será a fin de año si esto sigue así", avisa paralelamente otra fuente cercana a uno de los fondos con mayor presencia en España. Los desahucios están suspendidos, cabe recordar, hasta octubre.
Ayudas directas al casero
Desde ASVAL, en línea con fuentes cercanas a grandes tenedores, reclaman más estímulos de largo plazo al incremento de la oferta y, en el corto, un mecanismo de ayudas directas a los arrendadores "ya que así los arrendadores podrían acogerse más fácilmente a fraccionamientos o aplazamientos de la renta, lo que reduciría de forma importante la morosidad. Con ello se evitaría de forma notable la litigiosidad y redundaría en el mantenimiento de la oferta de vivienda en alquiler".
Según los cálculos de la asociación que dirige Beatriz Toribio, las ayudas públicas directas ya movilizadas para los inquilinos no suman un volumen suficiente para la demanda potencial.
Si bien el Gobierno se ha autorizado a movilizar un máximo de 800 millones de euros en ayudas directas que, junto a los 1.200 millones en préstamos, cubrirían a 450.000 familias, de acuerdo a ASVAL, las ayudas ya movilizadas hasta el momento a través de las Comunidades Autónomas solo cubrirían a 24.100 familias de las 250.000 que, estiman, necesitarán esta asistencia conforme avance la crisis.
