Pedro Sánchez volvió de su viaje oficial a la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York con un comprometido apoyo de grandes fondos de inversión para financiar los cerca de 200.000 millones de euros que el sector privado debe aportar al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIEC) aprobado por el Gobierno y recibido en la Comisión Europea con notable entusiasmo. Eso sí, a cambio les prometió un horizonte temporal despejado de incertidumbres regulatorias que pudieran poner en peligro sus cálculos a la hora de apostar por la transición energética española, plasmado en el reciente Real Decreto Ley que perpetúa durante 12 años la retribución de las instalaciones renovables.
Por aquellas fechas, finales del mes de septiembre, España ya estaba abocada a nuevas elecciones tras cumplirse los plazos para formar Gobierno sin que las negociaciones entre los partidos hubieran llegado a buen fin. Sánchez aprovechó su presencia en la Cumbre de la ONU para mantener una reunión con grandes inversores, entre los que figuraban nombres como Morgan Stanley, Blackrock, Brookfield y Soros, con el fin de tranquilizarles sobre la situación de la economía española e invitarles a seguir invirtiendo en el país, con la vista muy enfocada en la transición energética.
No en vano, el 80% de las inversiones contempladas en el PIEC para alcanzar los ambiciosos objetivos fijados por el Gobierno para 2030 (entre otros, que el 74% de la energía destinada al consumo eléctrico se genere con fuentes renovables) está previsto que provenga del sector privado y los grandes fondos están llamados a representar un papel básico en este terreno. Sin ellos, alcanzar cifras tan voluminosas se antoja imposible.
En el encuentro, Sánchez trató de asegurarse que el plan contaba con el apoyo de los fondos pero se encontró con que éstos albergaban una serie de temores sobre la economía española en general, la situación política y la estabilidad normativa del sector energético.
El peligroso precedente de 2013
En este último capítulo, las principales inquietudes venían marcadas por los numerosos procesos de arbitraje que afronta el Reino de España por el recorte de las primas a las renovables de 2013, que comprometieron las multimillonarias inversiones de fondos internacionales.
En este contexto, los inversores advirtieron al presidente del Gobierno en funciones que condicionarían su apoyo al Plan a la existencia de un escenario normativo que les asegurara estabilidad pero no en el corto y medio plazo sino en el desarrollo de todo el Plan, cuya vigencia se extiende hasta el año 2030.
Las inquietudes de los fondos también se extendían al proceso de establecimiento de retribuciones de las redes de electricidad y gas con vistas a los nuevos periodos regulatorios. Por entonces, los borradores de circulares publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) proponían un notable recorte, en especial en el ámbito gasista, lo que había puesto en pie de guerra al sector y a los principales accionistas de las compañías afectadas, algunos de los cuales participaron precisamente en la reunión con el líder socialista.
Compromiso condicionado
Según ha podido saber Vozpópuli, el presidente del Gobierno en funciones se comprometió a atender en la medida de lo posible las peticiones de los inversores, siempre y cuando el resultado de las elecciones generales, que aún no se habían celebrado, le otorgara la posibilidad de continuar al frente del Ejecutivo. En cualquier caso, la cercanía de los comicios hacía inviable tomar cualquier tipo de medida por el impacto que pudiera tener en el proceso electoral.
El pasado viernes, el consejo de ministros aprobó, vía Real Decreto Ley, el mantenimiento de la retribución de las instalaciones renovables para los próximos dos periodos regulatorios. Esta última fue una de las circunstancias que más llamó la atención puesto que se trata de un periodo notablemente extenso, concretamente de 12 años. Pero también es la forma de garantizar que se mantendrá durante toda la vigencia del PIEC. Exactamente como querían los fondos.
