El Gobierno ha relajado las exigencias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), asociados a los fondos europeos Next Generation EU, tras la decepción de la convocatoria de Cadena de Valor integral del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), el primero de estos grandes proyectos tractores. La convocatoria ha quedado desierta al 70% y las empresas automovilísticas se han encontrado con diferentes obstáculos que les han hecho perder interés, requiriendo incluso esfuerzos por parte de las administraciones públicas para retenerlas, según informan fuentes conocedoras de la situación.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que ha sido una convocatoria “muy mal definida”, como una “carrera de obstáculos” que “parecía imposible de superar”. En primer lugar, solo 10 proyectos (encabezados por grandes fabricantes pero con numerosas pymes detrás) fueron admitidos por el Ministerio de Industria, captando únicamente un 30% del total de fondos disponibles (877 millones). 

Después, las empresas que fueron finalmente elegidas en la primera convocatoria estaban obligadas a solicitar un anticipo por el 90% del total del importe de préstamos y subvenciones de los diferentes proyectos y a presentar garantías del 100% en el caso de las subvenciones y del 20% en el caso de los préstamos. En algunos casos, especialmente para las PYMES, se les exigía pignoración, obligando a las empresas a dejar inmovilizado en un depósito un alto porcentaje del dinero, lo que les ha hecho replantearse su continuidad en la convocatoria.

Las empresas que han pasado este último proceso y han podido presentar garantías esperan ahora a la resolución definitiva, que se publicará a finales de este mes. De momento, tras esta presentación de garantías, el Ministerio de Industria ha publicado una resolución provisional en la que se adjudican 793 millones, es decir, que otros 84 millones se han perdido por el camino respecto a la resolución anterior.

Es en este proceso de negociación intenso con sociedades de garantía recíproca o entidades financieras, en muchos casos han tenido que mediar las CCAA para ayudar a mantener los proyectos y que las empresas no se echaran atrás, según informan las mismas fuentes. El interés del Gobierno y las CCAA en que esta convocatoria salga adelante, aunque sea a medio gas, es máximo, pues tienen a la vuelta de la esquina la fiscalización semestral de la Comisión Europea, que podría quitar fondos UE a España si el cumplimiento de compromisos de ejecución no marcha a la velocidad adecuada, además de otros hitos y reformas que debe cumplir. 

“Está costando que las empresas se mantengan en este tipo de proyectos. No hay un gran interés porque no hay un valor añadido diferencial frente a otras convocatorias tradicionales por parte de la Administración Central o las CCAA y el esfuerzo es mucho mayor”, informan fuentes involucradas en el proceso. Además, “en el caso del Programa de apoyo a la Cadena de valor del PERTE VEC este es un refrito de convocatorias existentes, como la de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria e incentivos regionales. No existe un gran proyecto estratégico de país que lo englobe y de sentido a las diferentes actuaciones y medidas que se recogen en el PERTE. Es decepcionante”, aseguran.

Para repartir el resto del dinero, 2.100 millones, el Ministerio ha emplazado a las empresas automovilísticas a una segunda convocatoria en el primer trimestre de 2023, en la que las empresas ya sospechan que se relajarán las exigencias para recuperar el interés perdido de las empresas.

PERTEs de Economía Circular y Agro

De momento, y ante la necesidad de ejecutar fondos UE, el Gobierno ha “bajado sustancialmente la exigencia” en otros PERTE, como el de Economía Circular (EC), cuya Orden de bases vio la luz la semana pasada y en el que el anticipo inicial ya no es obligatorio. Además, en caso de solicitarlo, será por el 40% de la ayuda (no el 90%, como en el PERTE VEC) y será entonces cuando se pedirá un aval de al menos el 5% de esa cantidad. Asimismo, agentes involucrados en el proceso aseguran que la inminente convocatoria del PERTE Agro tendrá también condiciones más ventajosas en lo que a avales se refiere.

En cualquier caso, los anticipos y garantías no son la única mejora. Por ejemplo, en el PERTE VEC se obligaba a presentar una autoevaluación del principio medioambiental DNHS (Do No Significant Harm) pero también un informe por parte de una entidad acreditada por ENAC. En el PERTE de Economía Circular se plantea como opcional el informe por parte de entidad acreditada en el momento de propuesta siendo obligatorio en la justificación de los proyectos.

Otro ejemplo de flexibilización en las grandes convocatorias financiadas con los fondos Next Generation EU está en la dimensión de los proyectos: mientras el presupuesto financiable mínimo en el PERTE VEC era de 10 millones de euros, bajo la forma de consorcio; en el de EC los importes de ayudas mínimos son de 150.000 euros, pudiendo plantearse proyectos tanto de forma individual como en consorcio.

Además, el Gobierno está intentando que la Comisión Europea amplíe el plazo límite para asignar y gastar los fondos europeos, fechas marcadas en el calendario para el 31 de diciembre de 2023 y 2026, respectivamente. Por delante, España tiene el reto de ejecutar 77.200 millones de euros a fondo perdido y otros 84.000 millones en préstamos 'blandos' y con cargo a los Next Generation EU, cumpliendo un exigente Plan de reformas e inversiones pactado con Bruselas en julio de 2021 y que pretende ampliar antes de que acabe el año a través de una adenda.

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