La Asamblea Nacional francesa ha aprobado en primera lectura la conocida como Ley Florange, con la que el Gobierno quiere penalizar a las empresas que cierren fábricas que puedan ser económicamente viables. El presidente galo, François Hollande, había hecho de esta ley una de sus principales promesas de campaña.
El texto ha salido adelante con 285 votos a favor y 214 en contra, según el periódico 'Le Monde'. El Partido Socialista ha sumado el apoyo de ecologistas y radicales de izquierda a este intento de salvaguardar el empleo, principalmente en el sector industrial.
La Ley Florange, que toma el nombre de la localidad donde la firma ArcelorMittal cerró este año dos altos hornos, amenaza con fuertes multas a las compañías con más de mil trabajadores que no traten de encontrar un comprador antes de cesar su actividad. El proyecto contempla castigos de hasta 20 veces el salario mínimo (1.430 euros) por cada trabajador despedido.
Los principales empresarios consideran la medida una traba a la inversión, toda vez que podrían encontrarse con complicaciones a la hora de cesar actividades. En cambio, los sindicatos la ven insuficiente, ya que excluye a las pequeñas y medianas empresas y advierten de que el 85 por ciento del empleo destruido en los últimos años corresponde a compañías con menos de 1.000 trabajadores.
