El Consejo de Ministros aprueba este viernes la nueva normativa para sanear el sector financiero, que eleva los requisitos de solvencia, contempla segregar los activos tóxicos de las entidades en un "banco malo" y abre por primera vez la puerta a liquidar bancos inviables.
El real decreto, que es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones a la banca, da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.
En el caso de que sólo necesiten ayudas, el FROB se convertirá en accionista si la cantidad no se devuelve en cinco años, si bien podrá conceder hasta dos años de prórroga. La reestructuración o la liquidación de una entidad comportará en cualquier caso pérdidas para los accionistas, cuotapartícipes o socios y, en segunda instancia, los acreedores subordinados.
Una de las novedades principales del real decreto es la creación del "banco malo", que permitirá aislar los activos tóxicos de las entidades financieras y que no supondrá "nunca" un coste para el contribuyente, según el ministro de Economía, Luis de Guindos. Esa sociedad comenzará a funcionar en noviembre, una vez conocidas las valoraciones que aplicará a los activos inmobiliarios que adquiera y la forma de financiarse.
El borrador de real decreto avisa de que los particulares que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada a Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia tendrán que aceptar obligatoriamente las nuevas condiciones que imponga el FROB y sólo podrán recurrir a la Audiencia Nacional por las pérdidas.
El FROB podría entonces recomprarlas a un precio que no podrá superar el "valor de mercado", una opción que el sector financiero considera aplicable sólo a aquellos que quieran recuperar su dinero de forma inmediata, ya que conlleva fuertes pérdidas.
Habrá diferencias en el marco de actuación en el caso de que las entidades reciban ayudas públicas y no estén controladas por el FROB, ya que entonces las opciones que planteen a los afectados de preferentes serán de acogimiento voluntario.
Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar por segunda vez la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero. La bajada de sueldo afectará, por ejemplo, a los responsables de BMN y Caja España-Caja Duero mientras que en las nacionalizadas como Novagalicia o CatalunyaCaixa se mantiene el límite de 300.000 euros.
Entre otras novedades, también destaca que las entidades financieras españolas tendrán que elevar antes de 2013 su nivel de solvencia del 8% al 9%, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).
