Economía

Los funcionarios dispondrán de 82 horas en el año para el cuidado de niños y mayores

Además, contarán con 8 semanas de permiso por paternidad en 2019, un periodo que se aumentará a 12 semanas en 2020 y se equiparará con las 16 semanas de las mujeres en 2021 

  • Empleados en una delegación de la Agencia Tributaria en Madrid.

Los funcionarios que trabajan para la Administración Central podrán disponer de una bolsa de horas recuperables para dedicarlas al cuidado niños y mayores y mejorar así la conciliación de la vida laboral y familiar. La bolsa asciende al 5% de la jornada laboral y supondrá algo más de 82 horas en el conjunto del año. Además, las horas podrán sumarse y coger días completos, pero de forma excepcional y siempre que esté bien justificado.

Este es uno de los resultados de la Comisión Técnica de Igualdad que negocia los acuerdos para la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y para trasladar a la Administración General del Estado las medidas de conciliación que contenía el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

Esta Comisión de trabajo se creó el pasado mes de septiembre en el Marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, donde están presentes el Gobierno y los representantes de los sindicatos más representativos de la Administración. El acuerdo lo firmará esta tarde la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, con los agentes sociales.

Permiso por paternidad

No es la única medida importante, también incluye la equiparación del permiso de paternidad a los permisos por parto o adopción de forma progresiva para avanzar en políticas y medidas en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación y corresponsabilidad. Recogerá así una de las principales medidas incluidas en el pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos.

La idea pasa por subirlo tres semanas en los Presupuestos de 2019, hasta 8 semanas, a 12 semanas en 2020 y llegar a las 16 semanas en 2021. Costará unos 300 millones en 2019 y se llevará también a la mesa del diálogo social para que el sector privado trabaje por el mismo camino que la administración.

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