Mientras Bruselas decide el destino de las ayudas de la UE para combatir los efectos económicos de la pandemia, el Banco de España ha recomendado al Gobierno una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todas las partidas de gasto de los Presupuestos para eliminar las que sean “superfluas” o que ya no respondan a los objetivos iniciales. Lo que es evidente es que los presupuestos de todas las administraciones están moteados de un corolario de partidas (muchas de ellas embozadas en conceptos difíciles de entender), que se repiten año tras año sin que se sepa su objetivo y sentido. Muchas de estas partidas tendrían que ser revisadas y otras deberían ser suprimidas para recortar el ingente gasto público improductivo. De esta forma, se podrían afrontar nuevos compromisos de gasto, como los relacionados con la sanidad o el cambio de un modelo de crecimiento económico estable para el empleo.
Desde los años ochenta se repiten la misma estructura y conceptos presupuestarios, lejos de los objetivos de ‘base cero’ que se han preconizado en algún momento por los partidos mayoritarios cuando estaban en la oposición para que los gastos tengan que ser justificados en cada nuevo periodo analizando su función para determinar sus necesidades en lugar de los Presupuestos por programas que no han funcionado nunca. El conjunto de las Administraciones Públicas (incluyendo las pensiones) se gastaron en 2019, antes de la pandemia y con un crecimiento del 2% de la economía, casi 522.000 millones de euros (42% del PIB), un 4,1% más que en el año precedente incrementando el déficit hasta el 2,8% del PIB.
El gasto público en 2020, sin un presupuesto oficial, con la economía en recesión y los efectos de la pandemia, se ha desbocado. Se hace necesario por tanto un ajuste porque una subida de impuestos generaría un mayor parón de la economía, como ha señalado Bruselas. El sector público dedicó en 2019 casi 13.000 millones de euros a subvenciones, que hay que revisar y actualizar, y, por ejemplo, más de 134.000 millones a pagar nóminas públicas y 33.000 millones a trasferencia sociales en especie, así como 64.000 millones en consumos intermedios. Sin embargo, a la inversión pública, generadora de empleo y crecimiento, sólo se destinaron 25.000 millones, 3.000 millones menos que a abonar los intereses de la deuda.
Toca meter la tijera al gasto superfluo, improductivo y generador de mayores costes corrientes de todas las Administraciones así como de sus organismos satélites. En todo caso, las partidas de los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el PSOE para 2019 (están en vigor los de 2018 elaborados por el PP a golpe de ampliaciones de crédito), que fueron rechazados por el Congreso, dejan en evidencia el poco interés político por realizar cambios. Sólo hay que ver el aumento de ministerios, altos cargos y asesores y la existencia de casi 20.000 organismos públicos entre Administración Central, Autonómica y Local (hay un ente por cada 2.300 habitantes). Se trata de muchas partidas incongruentes con los tiempos que corren, algunas no muy significativas individualmente desde el punto de vista económico, pero todas suman cantidades muy importantes.
El bar y el restaurante del Congreso
Bajo el concepto de “transferencia a empresa privada”, el Congreso de los diputados destina casi 1,2 millones de euros a subvencionar que los precios del bar y el restaurante de la Cámara se sitúen por debajo del mercado para que sus señorías paguen por un café o una cerveza cerca de 0,90 céntimos o algo más de 9 euros por un menú. Todos los ministerios, instituciones y organismos públicos mantienen también subvenciones para “economatos y comedores”. Destaca, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) disponga de 531.000 euros para financiar esta partida o que el organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (del antiguo ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) disponga de 321.000 euros mientras que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tenga una ayuda de 544.000 euros o que hasta el Instituto Geológico y Minero tenga habilitados 42.000 euros.
Llama la atención que, además de las subvenciones oficiales, los partidos y los políticos (también la Casa Real) dispongan de otras partidas enmascaradas en otras secciones. Así, en Exteriores hay 150.000 euros para las Fundaciones de los grupos políticos o 450.000 más en Cultura para sus fundaciones o asociaciones dependientes para “el desarrollo del pensamiento político”. Algo similar sucede con todo tipo de sindicalismo o asociacionismo, de clase o no. A esto se añade un flujo de dinero inexplicable a Hermandades de Jubilados (18.000 euros en Hacienda), o asociaciones profesionales (18.000 euros para los letrados del Tribunal Constitucional; 460.000 para las organizaciones judiciales del CGPJ o 292.000 euros para la de la Guardia Civil para “el refuerzo de la imagen institucional”) u otro tipo de agrupaciones como la recreativo cultural y la de padres de la guardería del extinto MOPU en Fomento (187.000 euros) o la organizadoras de carreras de caballos (450.000 euros) o las federaciones de scouts y otros movimientos como la Federación de Gays, Transexuales y Bisexuales (442.000 euros en total).
También hay partidas sorprendentes como la financiación del Estado a la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca (16,6 millones); la compensación financiera al País Vasco derivadas del Impuesto sobre Labores de Tabaco (134 millones) o también los 246 millones al Gobierno de Euskadi como compensación por la regularización del cupo vasco tras el acuerdo del PP con el PNV para apoyar los Presupuestos de 2018. Hay que sumar también 1,4 millones de euros más (para el País Vasco y Navarra) por “costes de traspaso fuera de cupo”, que curiosamente figuran en el Presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria (organismo autónomo de Agricultura).
Por su parte, Cataluña se lleva 150 millones euros en concepto de regularización de la financiación revisada de los Mossos d'Esquadra. Además, la primera parte de la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la policía autonómica catalana aparece dotada con más de 250 millones de euros.
Partidos, sindicatos y realeza
En 1978, cuando se configuró y aprobó la Constitución Española, hubo que dotar financieramente a los agentes democratizadores, entre ellos los partidos, los sindicatos y todo tipo de movimiento asociativo. Pero, han pasado ya más de 40 años y conviene darle una vuelta a este marasmo de partidas directas e indirectas improductivas en su mayor parte.
Para los partidos los Presupuestos del PSOE para 2019 recogían en Interior una financiación de 53 millones, más otros 70 millones por el resultado de las elecciones generales y otros 3 millones más para sufragar gastos anuales de seguridad (escoltas). Las asignaciones para partidos y políticos son también importantes en el Congreso y Senado, sin que dependan de su productividad, la asistencia o, por ejemplo, las necesidades del país.
Los grupos políticos tienen una subvención que se acerca a los 18 millones anuales. Con este dinero ni siquiera pagan a la inmensa cohorte de más de 450 asesores contratados a dedo de que disponen. Se carga al Presupuesto General y cuestan más de 12 millones al año. En cuanto al sueldo de los políticos, la asignación constitucional supone coste de unos 38 millones. A ello hay que añadir otros 18 millones de indemnización por razón de su servicio, una especie de dieta que cobran diputados y senadores en 14 pagas haya actividad o no (cada político que no pertenece a la circunscripción de Madrid cobra por este concepto 28.000 euros anuales y la mitad los de la capital). Curiosamente esta remuneración (la cobran también los ministros que siguen siendo diputados o senadores), que representa casi un tercio del sueldo global de los representantes políticos, no tributa a Hacienda (así lo decidieron sus señorías). En total, la actividad legislativa del Estado cuesta a los españoles más de 200 millones.
Las subvenciones a sindicatos y organizaciones de todo pelo no tienen límites. Sánchez ha vuelto a incrementar las ayudas a los sindicatos de clase que ajustó Rajoy. Hay partidas por todas las secciones de los Presupuestos Generales. El Ministerio de Trabajo acumula 9,5 millones a las centrales en función de su representatividad, más otros 2,9 millones para compensarles por su participación (también a la CEOE) en los órganos consultivos. Otros 2,2 millones aparecen para la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), donde también figuran CEOE y Cepyme, y otros 44,2 millones constan en la Fundación Tripartita (UGT, CCOO y CEOE) para la Formación en el Empleo. También destina este departamento 2,5 millones para la inversión nueva y de reposición en los inmuebles del patrimonio sindical acumulado (en manos de los sindicatos y de la CEOE, por ejemplo, su sede nacional).
Al Consejo Económico y Social (CES), con representación de sindicatos y patronal, destina otros 7,2 millones. La patronal percibe además otros 150.000 euros para realizar el programa de liderazgo y promoción de mujeres directivas del Instituto de la Mujer, que también dota con 80.000 euros a cooperativas agroalimentarias y a la asociación nacional de mujeres de la pesca.
El manguerazo es importante en una lista de ayudas interminable: a las mujeres deportistas (2,4 millones); a los sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos (350.000 euros); a federaciones y asociaciones deportivas (77,2 millones); al fútbol (28,4 millones para la Liga Nacional y Real Federación); a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional (237.000); para compensar a sindicatos por su participación en el Consejo de la Policía (23.000); por participación de los sindicatos en los órganos de negociación colectiva de los centros docentes no universitarios (92.000); al apoyo institucional de los sindicatos de la enseñanza privada (481.000); a ayudas a las confederaciones y asociaciones de padres de alumnos (860.000).
Además, se encuentran otras como las destinadas al fomento del trabajo autónomo (3,4 millones); a las CCAA para la formación de actividades emprendedoras de los trabajadores autónomos (1,4 millones); a centros y entidades de formación (8,3 millones); a agrupaciones empresariales innovadoras (10 millones); al emprendimiento joven (200.000); a organizaciones agrarias sin especificar (1,8 millones); a sindicatos del sector agroalimentario (376.000); al fomento del cooperativismo agrario (2,8 millones); a la Federación de Regantes (100.000); a los jóvenes en el medio rural (un millón); al fomento del asociacionismo rural (180.000); a actuaciones de la mujer rural (843.000); a la organización de selvicultores (100.000); al apoyo instrumental en la negociación colectiva de empleados públicos (1,2 millones); a los sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario (23.000); a la subvención al movimiento asociativo de la mujer (600.000); a ayudas a las cooperativas de consumo (3,1 millones); a financiar sindicatos universitarios (65.000); a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (219.000); a la Cooperativa Agroalimentaria de España (219.000); a la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderos (219.000); a la Unión de Pequeños Agricultores (219.000); y, por ejemplo, también a la Unión de Agricultores y Ganaderos (91.000).
Por su parte, la Casa Real dispone de 8 millones de gasto para su mantenimiento. Aunque se trata de un Presupuesto aún poco transparente, y que ahora parece ser menos abultado por los últimos cambios producidos sobre las percepciones de sus miembros, se desconoce, por ejemplo, cuál es el gasto que ocasiona a otros departamentos como Interior, Defensa o Exteriores para atender la seguridad o los viajes. Entre la maraña de partidas del resto de ministerios se puede entresacar que Presidencia tiene una consignación de 6,3 millones para “Apoyo a la gestión administrativa” de la Jefatura del Estado (gasto en funcionarios) así como otros 300.000 euros para la Fundación Princesa de Asturias. Además, el organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dispone de 2,7 millones para “los gastos derivados de párrafo 1 artículo 2 de la ley 23/82….”, que no es otra cosa que una dotación para atender los bienes afectados al uso y servicio de la Casa Real. A ello, hay que añadir, por ejemplo, otros 240.000 euros más para gastos protocolarios y representativos derivados de “actos institucionales”.
