El plan de choque ante el problema de la vivienda en alquiler que el Gobierno aprobará el próximo martes apuntará, presumiblemente, a que las familias inquilinas perjudicadas económicamente por el coronavirus no puedan ser desahuciadas durante un período que sería de dos meses y que podría prorrogarse hasta el mes siguiente a aquel en el que termine el estado de alarma.
Los inquilinos que podrán verse protegidos serán aquellos que acrediten haber pasado a estar en situación de desempleo y/o que su jornada se ha visto reducida, ya sea como consecuencia de un expediente temporal de reducción de jornada (ERTE) o "por tener que atender deberes inexcusables de cuidado".
También podrán acogerse aquellos empresarios que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de su facturación, y que aplicaría a los casos de caídas de más del 40%.
Requisitos económicos
Para poder entrar en ese plan, en cualquier caso, las familias deberán también reunir una serie de requisitos estrictamente económicos.
El primero, que sus ingresos en el mes anterior a aquel para el que se solicite la protección no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (unos 1.613 euros). Dicho límite podría rebasarse ligeramente en función del número de hijos, personas mayores de 65 o personas con declarada discapacidad.
El segundo requisito sería que la renta del alquiler resulte superior o igual al 30% de los ingresos netos que perciba el conjunto de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada.
Ayudas
Si bien desde Unidas Podemos apuntan que la fórmula de ayuda será de compensaciones a los propietarios porque se les impondrá suspender las rentas a los inquilinos, desde el PSOE aseguran que no habrá suspensión de las rentas.
Lo que habría, en cualquiera de los casos, es una moratoria de desahucios, y las ayudas públicas procurarían compensar las pérdidas soportadas por los propietarios durante el período en que no podrán interponer desahucios. Esas ayudas serían del 100% para los propietarios de una o dos viviendas en arrendamiento, del 75% para aquellos con entre tres y cinco, del 50% para los de seis a ocho, y del 5% para el resto.
