El histórico desplome de las ventas de automóviles los pasados meses de marzo y, sobre todo, abril, está poniendo al sector del automóvil español en una situación más que preocupante, principalmente por ser uno de los principales motores de la economía nacional, con una caída también notable de la producción que va a llevar a que este año se dejen de fabricar cerca de 700.000 turismos en las plantas españolas.
Por todo ello, las principales patronales del sector en España llevan tiempo pidiendo medidas urgentes al Gobierno y una reunión con sus responsables para llevarlas a cabo. Una reunión que finalmente se ha llevado a cabo con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que han participado los máximos representantes de las asociaciones de fabricantes de automóviles y componentes Anfac y Sernauto y de distribución y comercialización de vehículos Faconauto y Ganvam, de forma telemática.
Tras la reunión, el Gobierno ha transmitido que va a impulsar medidas de estímulo a la demanda a corto y medio plazo para ayudar a la reactivación y adaptación del sector de la automoción hacia opciones de movilidad eficiente y sostenible, así como para favorecer la inversión, la innovación y la mejora de su competitividad futura. Muchas buenas palabras pero ningún plan concreto de ayudas urgentes para un sector que agoniza y del que dependen cientos de miles de empleos en España.
"El Gobierno de España reafirma su compromiso con el futuro del sector de la automoción y trabajará, junto a sus representantes, en medidas de estímulo económico que permitan que su cadena de valor sea una de las palancas de reactivación económica tras la crisis abierta por la covid-19, orientándose hacia una movilidad sostenible", ha informado Transición Ecológica tras el encuentro.
Según la misma fuente, las ministras han trasladado al sector la disposición del Gobierno a trabajar conjuntamente para que, respetando las necesarias medidas sanitarias, la industria de la automoción, que genera el 10% del PIB y el 9% del empleo en España, vaya recuperando su actividad con todas las garantías. Dado su peso en la economía del país y en el contexto de los trabajos de reactivación económica una vez concluya la crisis sanitaria, no dudan en la necesidad de apoyar al sector, pero las ayudas siguen sin llegar y, más preocupante, sin definirse casi dos meses después de comenzar el estado de alarma que hizo que cerrasen fábricas y concesionarios.
Se estaría dejando la puerta abierta al plan de ayudas a la compra que reclama el sector para superar el parón de ventas registrado con motivo de la covid-19, pandemia que provocó que en marzo las matriculaciones de turismos bajaran casi un 70% y en abril casi un 97%.
Un nuevo Plan PIVE
En concreto, las asociaciones reclaman un plan para incentivar la demanda por valor de unos 400 millones de euros y que estas ayudas se puedan solicitar para la compra de vehículos tanto diésel como gasolina más eficientes y no sólo para eléctricos o gas, como los actuales planes MOVES a los que se han destinado algo más de 60 millones de euros.
Según el sector, de no aprobarse un plan de choque, el año podría finalizar con una bajada de las matriculaciones de hasta el 45%, dejando el mercado en unas paupérrimas 700.000 unidades, cifras que no se veían desde hace 30 años, y la producción de España, noveno fabricante mundial, retrocederá un 25% y apenas alcanzará los 2 millones de unidades. Además, defienden que este tipo de ayudas a la compra tienen un retorno muy positivo, tanto en términos económicos, porque por cada millón de euros aportado el Estado recauda 1,7 millones de euros en ingresos fiscales, como en términos medioambientales, pues contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 al achatarrar vehículos más viejos
Por otra parte, según Transición Ecológica, el Gobierno también adoptará medidas de oferta que fortalezcan la inversión y la innovación industrial y la competitividad futura del sector, en línea con el plan de recuperación económica que prepara la Comisión Europea y con el Pacto Verde europeo. Las fábricas españolas van a necesitar un fuerte impulso del Gobierno para contrarrestar los efectos de esta crisis sanitaria que amenaza con dejas la economía del país literalmente por los suelos.
