El Gobierno está firmando convenios autonómicos para ceder a las mutuas la gestión de las bajas por incapacidad temporal traumatológica, que ascienden a un millón al año, un tercio del total. Así lo ha avanzado la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, información que ha podido contextualizar Vozpópuli con fuentes conocedoras.
En concreto, se trata de aprovechar la capacidad de las mutuas, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de importantes prestaciones, que nacieron para hacer frente a los accidentes de trabajo y que han ido asumiendo competencias. Forman parte del sector público estatal de carácter administrativo y se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores.
Esta optimización de las mutuas, que se plantea cuando las bajas laborales han crecido un 12% en 2023 y cuando la Atención Primaria está desbordada, levanta suspicacias entre los sindicatos.
Con todo, como ha recordado la ministra en una comparecencia en el Congreso este miércoles, hace casi cuatro años el Pacto de Toledo pedía "avanzar en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las mutuas", en su recomendación 9, y el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que alcanzaron patronal y sindicatos en mayo instaba al Gobierno a trabajar en esta línea.
"Por eso, en el seno del diálogo social, estamos preparando el camino para articular fórmulas de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para optimizar la atención de un tipo de procesos de IT muy concretos -contingencias comunes de origen traumatológico- como una forma de explorar el potencial de aprovechamiento de los recursos de las mutuas", ha dicho Saiz.
"En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo normativo y ahora es el momento de realizar mejoras y continuar con el despliegue de esas medidas que ya hemos puesto en marcha.
Es, en definitiva, una vía que nos permite utilizar mejor los recursos públicos", ha remachado.
Medida polémica
En concreto, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva establece que "las Organizaciones firmantes de este Acuerdo consideramos que el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el Sistema público".
Y añade: "Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico. Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud".
Tras la firma del acuerdo de la AENC en mayo, el sindicato USO lamentaba que en él se pidiera "fijar líneas de actuación que, como consecuencia, reduzcan el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones. En USO nos preguntamos si esto supone dar aún más funciones y poder a las mutuas, para que estas tengan potestad para acosar a los trabajadores en situación de IT para que la duración de sus bajas se acorte", alertaba Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.
"Es decir", insistía García, "los sindicatos mayoritarios están recomendando que se dé aún más competencias a las mutuas y que, con el dinero que con el que se debería financiar a la sanidad pública, se paguen convenios con estas entidades privadas".
"El AENC no refuerza el control de las bajas médicas por las mutuas. Es mentira y una manipulación de lo acordado", declaró Unai Sordo, secretario general de CCOO.
