El Gobierno cree que obtiene más beneficios acordando "presupuestos sociales" que perjuicios por pactarlos con sus apoyos independentistas. Para 2023, la factura de las concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ERC y Bildu a cambio de su aval a los Presupuestos asciende a más de 2.500 millones de euros, un montante de 2.800 millones si se tiene en cuenta a PNV, PdeCat y al resto de sus socios secesionistas.

Llama la atención que este cheque de Sánchez se va a otorgar cuando el Gobierno ha utilizado su prerrogativa de veto presupuestario a cerca de 1.000 enmiendas de la oposición por su excesivo gasto. Entre los compromisos del Ejecutivo, destacan la subida del 15% de las pensiones no contributivas que se ha atribuido Bildu este martes, por más de 420 millones, y una transferencia de cerca de 900 millones a la Generalitat de Cataluña en infraestructuras.

En el caso de ERC, que ha arrancado casi 2.000 millones, cabe que destacar que el acuerdo todavía no está cerrado, según ha advertido la formación independentista, que podría conseguir más mejoras de aquí a la votación final de este jueves en el Pleno del Congreso y a la espera de lo que se incorpore en el Senado.

Precisamente, los republicanos han bajado el pistón de la exigencia de modificar el delito de malversación para beneficiar a los líderes del procés; un lío, por la asunción de crear un código penal ad hoc para los sentenciados independentistas, que el PSOE dio por finiquitado. Es más, los socialistas insinúan que ERC ya no exigirá ese cambio, aunque fuentes de la formación consultadas por este diario sostienen que no será así. Todo parece indicar, no obstante, que los de Oriol Junqueras están dando oxígeno al Ejecutivo tras el otro lío de la semana, el de la ley del 'solo sí es sí'.

Los 900 millones en infraestructuras vienen de una enmienda que ha transaccionado Esquerra Republicana con el PSOE y Unidas Podemos, "una gran conquista para corregir la desinversión histórica que sufren los catalanes y las catalanas", según el portavoz de Presupuestos de los republicanos en el Congreso, Joan Margall.

Entre los convenios firmados, se encuentran la ejecución de las actuaciones en el Maresme derivadas de la cesión de la Nacional II, con una aportación plurianual del Estado de 384 millones; un convenio para actuaciones de mejora de la conectividad de las autopistas AP2 y AP7, con una aportación plurianual de hasta los 250 millones; un convenio para la ejecución del Eje Pirenaico con una partida plurianual de 260 millones, y un acuerdo para la ejecución de intercambiadores entre la red ferroviaria de titularidad estatal y la de la Generalitat.

El Grupo Republicano también ha acordado otras partidas, como la aportación estatal de 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para financiar el transporte de viajeros, 60 millones para el Catalunya Media City, 7 millones para la investigación científica, o 43 millones para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d'Esquadra y la renovación de la flota de vehículos.

Un suplemento catalán del BOE

Además, el Estado transferirá a la Generalitat la deuda de 273.000 euros por el suplemento catalán del BOE, y se ha cerrado un acuerdo político para el traspaso de la gestión del Delta del Ebro. También se han añadido 24 millones para garantizar la financiación necesaria para desarrollar el plan bucodental incorporado en la cartera del sistema nacional de salud. A todo esto, se añaden 7 millones para garantizar la viabilidad del parque científico y tecnológico agroalimentario de Lleida, 1 millón para la equipación de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona, o 2 millones para el puente al polígono Entrevías de Tarragona.

Las cesiones a Bildu suponen cerca de 450 millones, entre las que destaca la subida de las pensiones no contributivas, que asciende a cerca de 420 millones, con una media de 70 euros que percibirán más de 450.000 personas en 2023 y que prorroga el alza en vigor desde julio que también se ha atribuido la formación separatista. Asimismo, se le otorgan 12 millones para afectados por la talidomida, 2 millones para 200 nuevas plazas MIR, 4 millones en concepto de Memoria e Historia, 2 millones para transición ecológica, 1,2 millones para el euskera y 4,5 millones para Universidades.

A esto se suma la anunciada cesión de los impuestos a banca y energéticas al País Vasco, por determinar su coste de los 7.000 millones que preveía recaudar el Estado, lo que desarrolla en realidad la proposición de ley que crea los citados impuestos, que también se vota en el Pleno de este jueves.

Tope del alquiler

Una de las medidas de mayor trascendencia pactadas con Bildu es la extensión a 2023 del tope del 2% para la subida del alquiler, lo que implica casi dos años con control de precios, sin que se prevean compensaciones a los propietarios. Esto se aprobará en el Real Decreto-ley de prórroga de ayudas, con lo que no se incluye formalmente en los Presupuestos, donde el paquete de vivienda que presentaron en cuatro enmiendas conjuntamente Bildu, Podemos y ERC fue vetado.

Por su parte, las enmiendas de PDCat ascienden a más de 70 millones, entre 40 para la investigación, el deporte o las infraestructuras en Cataluña, y 30 millones para la gratuidad de todas las líneas de transporte público por carretera de gratuidad estatal, que también se incorporará el Real Decreto-ley de medidas para paliar los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania.

A su vez, el PNV ha logrado cerca de 70 millones, a razón de 10 millones destinados a la estación depuradora de Loiola, en San Sebastián, así como 2 millones para la puesta en marcha de un programa de protección temporal de personas defensoras de los derechos humanos, la exención de las tasas portuarias de las embarcaciones destinadas a las actividades humanitarias y sanitarias, y la luz verde a diferentes ayudas culturales para infraestructuras o instituciones, que incluyen los 250.000 euros a Euskaltzaindia así como partidas al proyecto del Museo Guggenheim-Urdaibai.

La Comunidad Valenciana también pasa por caja

Compromís ha transaccionado enmiendas con las que ha logrado inversiones en la Comunidad Valenciana por 63 millones, entre ellas para las Cercanías de Valencia, el Transporte Metropolitano de Valencia, la remodelación de las vías de la estación de Alicante o el aumento de las partidas para el Palau de Les Arts o el IVAM.

Coalición Canaria ha colocado 22 enmiendas, como un plan de recuperación de la isla de la Palma dotado con 100 millones y una bonificación del 60% en el IRPF para sus habitantes en 2022 y 2023.

También recogen importantes aportaciones para garantizar la gratuidad de los transportes colectivos por carretera en el archipiélago, subvencionar el transporte del plátano o dotaciones para movilidad educativa, universidades, un plan de empleo o el instituto de enfermedades tropicales.

Las enmiendas transaccionadas por Teruel Existe suman dotaciones para la provincia por más de 10 millones. Y PRC ha pactado cuatro enmiendas en la fase de ponencia, con inversiones en Cantabria, incluido el cubrimiento de las vías de Maliaño o dotaciones adicionales para cercanías.

Los vetos del Gobierno

El Ministerio de Hacienda ha vetado, de momento, 984 enmiendas de las 5.445 registradas por los grupos, de las que 253 son del PP, 138 del PDecAT, 122 de Ciudadanos y 112 de ERC. De Podemos veta tres firmadas sólo por el grupo confederal y otra que comparte con ERC y Bildu y que era la única enmienda que quedaba viva del paquete en materia de vivienda registrado por estas tres formaciones, la que asestaba un golpe fiscal al alquiler.

También han sido censuradas 77 enmiendas de Junts, 85 de Más País, 50 del BNG, 48 de Compromís, 15 del PNV y cinco de Bildu. A lo que se añaden dos enmiendas registradas conjuntamente por ERC, Bildu y BNG para que la publicidad institucional del Estado en periódicos se difunda también en lenguas cooficiales y para el fomento de la producción de RTVE en idiomas minoritarios. Del Grupo Mixto han sido vetadas 26 de Teruel Existe, una del Partido Regionalista de Cantabria, otra de Navarra Suma y cuatro de la CUP.

El Partido Popular pedirá amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados para que su presidenta, Meritxell Batet, "defienda los derechos" de los diputados populares y haga llegar al Gobierno su disconformidad con la decisión de los vetos. Esta prerrogativa del Gobierno ha sido cuestionada por PNV y PdCat en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas, lo que provocó la retirada de los vetos en menos de 24 horas.

El problema de Defensa

El gran problema para los aliados del Gobierno, especialmente para las independentistas de izquierda, está en el incremento del gasto en Defensa, que el Ejecutivo ha elevado un 25%. Y es que las Cuentas, que se deben votar sección por sección, necesitan el sí a todos los capítulos. El rechazo a alguno de ellos tiraría los Presupuestos en su totalidad. Por el momento, el Gobierno exhala confianza y espera aprobar las terceras cuentas de la coalición en tiempo y forma para que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Unidas Podemos lamenta que la fórmula empleada por el núcleo duro de Moncloa para engordar el presupuesto de Defensa haya sido la de los planes especiales. En plata: una partida que no tiene obligación legal de ejecución, pero que reserva el dinero para dotar con más recursos a las Fuerzas Armadas españolas. Eso hace que, oficialmente, la coalición pueda vender que el incremento de otros Ministerios, como el de Derechos Sociales, sea mayor que el de Defensa -18% frente al 8,4%-. Pero el matiz es el matiz y es que ha escandalizado mediáticamente a Podemos, embarcado en una estrategia contraria a la del PSOE respecto al conflicto entre Moscú y Kiev.

Estos programas especiales que modernizan las FAS y que se computan en distintas anualidades ascienden para 2023 a 4.900 millones, frente a los 3.011 millones del ejercicio en curso. La mayor parte de esta cifra se corresponde a contratos para la industria nacional con los que se esperan crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta.

El bloque de investidura

Podemos quiere meter en la cabeza de los españoles de izquierda que la única alternativa a un Gobierno de PP y Vox es una República plurinacional y social. Los morados están empeñados en aliarse para conformar una mayoría con EH Bildu y ERC que impida a PP y Vox sentarse juntos en La Moncloa.

Las fuentes consultadas detallan que Podemos lleva maniobrando para pegar al PSOE a esa mayoría desde la negociación de los primeros Presupuestos de la coalición. Los socialistas querían sumar a Ciudadanos, pero los de Inés Arrimadas quedaron fuera de la ecuación cuando Iglesias apareció junto a Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, para anunciar el sí de la izquierda radical independentista vasca a aquellas cuentas.

El objetivo, además, es atraer a los secesionistas al timón del Estado para que se olviden de las aventuras secesionistas. "Fuerzas como Unidas Podemos, como Esquerra Republicana, como EH Bildu tienen una posición táctica sin precedentes a la hora de orientar una serie de decisiones de Estado cruciales", palabra de Pablo Iglesias, el líder que nunca se fue.

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