Alargar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta el día 30 de junio, tal y como aprobó el Gobierno este viernes independientemente de que se prorrogue o no el estado de alarma, le costará al Estado 21.414 millones de euros.
Según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), con la prolongación de los ERTE 105 días (tres meses y medio, es decir, desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio), el Estado abonará 15.211 millones de euros en prestaciones por desempleo para los afectados por ERTEs y dejará de ingresar 6.203 millones de euros en cotizaciones sociales.
La Airef advierte que si los ERTE se alargaran 15 días más, el coste total pasaría de 21.414 millones a 24.813 millones de euros (17.938 millones en prestaciones y 6.875 millones por la exoneración de cotizaciones), con lo que por cada quincena que se amplíen los ERTE el coste para el Estado es de 3.400 millones.
Los ERTE son la medida más costosa para las arcas públicas, ya que representan un 56% del total del gasto de las medidas implementadas por el Gobierno para frenar el impacto económico del coronavirus.
Según estima el Gobierno en el Programa de Estabilidad Presupuestaria que remitió la semana pasada a Bruselas, el impacto total de las medidas será de 30.742 millones, el 2,7% del PIB.
Sin embargo, la Airef considera que el daño será mayor. En su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad lo cifra, en el escenario más optimista, en 37.792 millones (3,3% del PIB) y en 46.500 millones (4,2% del PIB) en el segundo escenario, con un rebrote del virus que obligue a confinar a la población durante un mes más en otoño.
Desglose del gasto por medidas
El gasto sanitario y gasto social mermará las arcas públicas en 2.789 millones de euros, y las medidas fiscales (IVA reducido para el material sanitario, pagos fraccionados de Impuesto de Sociedades, y otros cambios tributarios) restarán 1.437 millones de euros. Esta merma se recogerá en las cuentas de la Administración Central.
A la Seguridad Social, además del gasto en ERTE, le costará casi 5.000 millones la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos -que hayan tenido que cerrar o hayan experimentado una pérdida del 75% en sus ingresos- y por la exoneración de la cotización.
Además, destinará 400 millones a el pago de las bajas por incapacidad temporal para trabajadores enfermos de covid-19 o en aislamiento y por otros subsidios aprobados (para trabajadores temporales, en periodo de prueba, empleadas del hogar, etc.).
No se incluye en este cómputo el gasto de la Seguridad Social en prestaciones por desempleo derivado del aumento del paro provocado por la pandemia.
Gasto para CCAA y Ayuntamientos
Las comunidades autónomas supondrán, según la Airef, un coste de 6.654 millones de euros -diez veces más de lo que calcula el Gobierno-, del que la mayoría es gasto sanitario (6.201 millones).
Finalmente, las corporaciones locales -ayuntamientos- tendrán un coste de 1.604 millones de euros.
Si a estas medidas se sumaran las medidas de liquidez (100.000 millones de euros en avales para crédito del ICO), el gasto total podría rondar los 140.000 millones de euros, en caso de que estos avales llegaran a ejecutarse.
El déficit llegará al 11% del PIB
El Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula que el impacto total de las medidas adoptadas disparará el gasto público hasta el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto a 2019. En este caso, el aumento no se aleja de las previsiones de la Airef, que sitúa el peso de los gastos sobre el PIB entre el 50,4% y el 53,2%.
Esta institución sí ha advertido, por el contrario, que hay discrepancias en la previsión de ingresos: el Gobierno cree que serán del 41,2% del PIB, pero la Airef prevé que oscilen entre el 39,5% y el 39,4%.
A su vez, en el Programa de Estabilidad Presupuestaria remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo calcula que el déficit público alcanzará los 115.671 millones este año, lo que equivale al 10,34% del PIB. La Airef, menos optimista, cree que será como mínimo del 10,9% sin descartar que llegue hasta el 13,8%.
