El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado con Ciudadanos una deducción en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas puedan deducirse de la cuota íntegra parte de sus aportaciones a los planes de pensiones de sus trabajadores.
Concretamente, según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, las empresas podrán deducirse hasta el 10% de estas aportaciones a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.
La propuesta se introducirá en el proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empresa que tramita el Congreso, pero será ya en la votación de enmiendas de la Comisión de Trabajo, ya que la ponencia ha concluido este martes sus trabajos sin introducir ningún cambio.
Una propuesta a favor de PP, Vox, Ciudadanos y PDeCAT
Pese a que inicialmente la propuesta de Cs era de un 15% de las aportaciones, el acuerdo deja la deducción en el 10% de las aportaciones, tal y como planteaban también el PP, Vox y el PDeCAT. Todas ellas habían sido vetadas por el Gobierno, por lo que para poder ser incluidas tendrá que levantar este veto.
Fuentes 'populares' han informado a Europa Press que el Gobierno ya les había trasladado la aceptación de esta propuesta, pero también su rechazo a otra enmienda para aumentar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones individuales como medida transitoria. Por ello, no se suman a un acuerdo, manteniendo su oposición al proyecto.
Comisión de control
Según han informado a Europa Press fuentes de Cs, el acuerdo con el Gobierno para esta enmienda no ha llegado hasta horas después de haber concluido la reunión, y abarca la inclusión de otra enmienda dirigida a modificar la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones.
Así, a propuesta de Cs, el Gobierno ha acordado exigir al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas para formar parte de ella, y ha evitado que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto para determinadas decisiones.
Así, el proyecto establece que cualquier cambio en la política inversiones sobre el ejercicio del derecho de impugnación de acuerdos sociales necesitaba la aprobación de los miembros designados por el Ministerio de Seguridad Social, cláusula que se modificará para que sea suficiente con la mayoría de los mismos.
