El futuro de la energía nuclear en España comienza a aclararse. La reunión mantenida este lunes entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los primeros ejecutivos de las tres grandes eléctricas sirvió para sentar las bases de un calendario de cierre de las centrales que aún no está definido pero que permitirá que siga habiendo nuclear en España al menos hasta 2035, siete años más de lo que marcaban las pretensiones del Gobierno.
El encuentro de la ministra con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, permitió al menos abrir una negociación para afrontar el cierre de las centrales de un modo escalonado, de tal manera que el proceso se inicie no antes de 2025 pero no más tarde de 2036.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, esto supondrá que la trayectoria de las nucleares se irá más allá de los 40 años que marca su vida útil, algo que el actual Gobierno no tenía en sus planes. Sin embargo, un cierre de las plantas al final de ese periodo de cuatro décadas podría tener consecuencias negativas debido al poco margen de tiempo que habría entre la primera que llegara a los 40 años y la última (apenas cinco ejercicios), y también al hecho de que el sistema no podría sustituir en tan poco tiempo la generación de electricidad que proporcionan estas plantas por renovables.
Este último factor pondría en serio peligro el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones para 2030, ya que la tecnología nuclear es completamente neutra en este capítulo mientras que el resto de fuentes que tendrían que emplearse para llenar el hueco que no pudieran cubrir las renovables sí emiten gases contaminantes.
A la espera del Plan de Energía
La hoja de ruta diseñada para el cierre de las centrales tampoco satisface a todos los propietarios, toda vez que Endesa es partidaria de extender la vida útil de las plantas hasta los 50 años, que es el periodo en el que tiene establecida la amortización de éstas.
En la reunión también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las mayorías razonables.
Además, se ha considerado que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisado y supervisado por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y la gestión de sus residuos.
La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
En un principio, estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018, aunque ganó tiempo para hacerlo con este 2019 ya iniciado y, previsiblemente, no lo hará hasta la próxima semana.
