Los supermercados han sido unos de los grandes protagonistas durante la crisis del coronavirus. Siendo de los pocos establecimientos que se mantuvieron abiertos desde que se decretó el estado de alarma, las cadenas de alimentación funcionaron como un laboratorio de pruebas para lo que después sería la 'nueva normalidad' en el consumo: desde EPIs para los empleados hasta materiales de protección para los artículos a la venta.
Una situación por la que, según los datos de la Comisión de Comercio, Competitividad y Consumo de la CEOE, el sector comercial vio incrementada sobre él la presión normativa hasta un 572% durante el estado de alarma. De este modo, primero fueron las órdenes ministeriales, a las que se sumaron después a las normas de cada comunidad autónoma o entidad local. Un "gran esfuerzo interno" que las compañías no pueden seguir manteniendo.
Así lo ha puesto sobre la mesa en el Congreso la patronal de los supermercados, Asedas, que engloba a enseñas como Mercadona, Dia, Ahorramás, Consum o Alimerka. En el documento presentado por el director general de la patronal, Ignacio García Magarzo, que recoge medidas para una "rápida recuperación económica", se apela en esta línea a la vuelta a la "normalidad normativa". El incremento de las normas, dicen, "siendo comprensible en las semanas anteriores, no puede mantenerse por las dificultades y el coste que supone para las empresas".
Mantener la reforma laboral
A esta medida propuesta, que para Asedas es esencial para la recuperación tras la pandemia, se suman otras como no incrementar la presión fiscal para apoyar la recuperación del consumo, "imprescindible en estos momentos y aún muy vulnerable".
Del mismo modo, la patronal de los supermercados se inclina por mantener la reforma laboral, y "especialmente" en lo relativo al orden de prevalencia de los distintos convenios colectivos.
"En el ámbito laboral, la negociación colectiva es una herramienta de diálogo pactada con los sindicatos que se ha mostrado muy útil en los distintos ámbitos para adaptarse a las circunstancias de cada tipo de empresa y región, en beneficio de la competitividad y de los trabajadores", aseguran desde Asedas.
Este lunes, en la cumbre empresarial organizada por la CEOE, el presidente de Asedas, Antonio Garrigues Walker, se refirió a un punto que también está registrado en el documento presentado en el Congreso, el hurto multirreincidente de" bandas organizadas". "La solución pasa por una reforma del Código Penal para que las medidas que se contemplan actualmente puedan aplicarse con eficacia", insiste la patronal. Según los cálculos de la CEOE, esta actividad cuesta a las arcas públicas más de 300 millones de euros al año y afecta sobre todo al pequeño comercio de alimentación.
