España mueve ficha en Estados Unidos para evitar la ejecución del laudo arbitral de NextEra que obliga al país a pagar 290,6 millones de euros a la eléctrica norteamericana por los recortes a las renovables. El Reino de España ha presentado recientemente un escrito ante la justicia norteamericana en el que pide que se impida la ejecución y alega que no puede ser "castigado" por no cumplir con las exigencias impuestas por el comité de anulación del laudo.
El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, está fechado el pasado 19 de junio y ha sido presentado por España después de que un comité ‘ad hoc’ del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acordase levantar la suspensión de la ejecución después de que España haya rechazado comprometerse a pagar si se desestimaba su petición de nulidad del laudo, como desveló este diario el pasado 3 de junio.
Como ya hizo entonces, España ha insistido en que la asunción de ese compromiso supondría violar la normativa comunitaria y ha solicitado al juez que no avance con este procedimiento hasta que el Ciadi determine si anula o no el laudo. Asegura también que el tribunal no debería penalizar a España por rechazar “capitular" ante un requisito tan "inapropiado” como el que le ha impuesto el Ciadi.
De Eiser a la doctrina Micula
El caso Eiser tampoco parece munición para obligar a España a pagar. NextEra había recordado en sus escritos que esta compañía había logrado la ejecución de su laudo ganado a España en un tribunal australiano, pero España le ha recordado al juez norteamericano que hace apenas un par de semanas el Ciadi acordó la anulación del mismo por un conflicto de interés no desvelado.
Por último, España sostiene que NextEra hace una interpretación errónea de la llamada doctrina Micula, un importante precedente en el mundo arbitral en que unos hermanos de Rumanía lograron que el país tuviera que indemnizarles por unas inversiones en cumplimiento de un laudo. Ese pago fue tumbado en 2015 por la Comisión Europea tras considerar que se trataba de una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, una interpretación que beneficia a España. En este proceso, España está asesorada por el despacho K&L Gates y NextEra por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
El arbitraje de NextEra es, hasta hoy, el más cuantioso de todos los que ha tenido España con inversores en energías renovables. Hace algo más de un año, el CIADI se pronunció a favor de la compañía, que tenía dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios y en las que tenía previsto hacer inversiones superiores a los 600 millones.
