Las pequeñas empresas sufren en mayor medida el impacto del coronavirus frente a las grandes. Un hecho que pasa en la gran mayoría de los sectores y el energético no es una excepción. Los conocidos como comercializadores independientes, aquellos pequeños rivales de las gigantes Iberdrola, Naturgy y Endesa, sienten la soga al cuello con el incremento exponencial de los impagos cinco meses después de que el Gobierno prohibiese el corte de suministro a los consumidores vulnerables.
Según confiesa el ejecutivo de una pequeña comercializadora, la tasa de mora actual ronda el 12% de los ingresos de la compañía, frente al 2% habitual. "Con unos márgenes tan estrechos y una batalla de precios tan agresiva esta situación es insostenible para un negocio como el nuestro", detalla a este medio. "Las grandes empresas tienen más capacidad de maniobra para afrontar esta medida", añade.
El empresario habla del impacto directo del Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 18 de marzo, concretamente el artículo cuarto, que impide que las empresas corten el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables. Esta medida, para que la covid-19 no lastre a los consumidores más necesitados, está produciendo un incremento muy sustancial de los impagos, tanto particulares como empresas, independientemente de que cumplan o no la condición de consumidor vulnerable.
Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia, es más prudente en este sentido. "Las ayudas establecidas creo que han sido mecanismos imprescindibles tanto para familias como para empresas en un entorno extraordinariamente complicado por la pandemia", afirma. No obstante, el empresario asegura que pese a que las medidas "afectarán a todos por igual", las comercializadoras independientes "al tener un negocio menos diversificado sufrirán un mayor impacto en sus cuentas", matiza.
Según recuerdan las mismas fuentes del sector, que prefieren mantener el anonimato, el pasado mes de abril, a través de una carta, 70 comercializadoras independientes de luz y gas en España avisaron de lo que iba a pasar en septiembre a través de una carta a la Secretaría de Estado de Energía y a la Dirección de Energía de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). "Este escenario va a fracturar el mercado y afectará a la competencia", añaden.
Reclamación al Ministerio
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), formada por empresas que suministran el 15% de la electricidad y el 18% del gas natural de toda España, alertaba de que esta regulación no exime a los comercializadores del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual. Es decir, los comercializadores están financiando a las distribuidoras en los casos donde se produce dicho impago.
En este sentido, reclamaba que fuese el propio Ministerio para la Transición Ecológica quien avale estos “prestamos energéticos” a los que están obligadas las comercializadoras libres. De tal manera que si finalmente el préstamo se impagara, hubiera un aval del estado para las comercializadoras, igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO.
Esta medida, según consideran, contribuiría parcialmente a paliar el esfuerzo económico que el coronavirus está causando a la actividad de comercialización, y debería estructurarse sobre un horizonte de 12-24 meses, en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses.
"El sector ha estado contribuyendo en una situación extraordinaria", asegura Emilio Rousaud. "Justo sería que se instrumentase algunas medidas de apoyo a aquellas comercializadoras que requieran ayuda financiera para subsistir, lo soliciten y acrediten que la causa ha sido el apoyo financiero prestado a sus clientes bajo la normativa promulgada. Es el único caso por el que tendría sentido un apoyo específico", concluye.
