En 2019, los españoles que tienen suscrito un plan de pensiones aportaron a éstos 4.200 millones de euros y recibieron, aquellos que ya habían alcanzado la edad de jubilación, 3.033 millones en prestaciones. Es decir, realizaron unas aportaciones netas de 1.167 millones. El pecado original que “cometieron” es que se beneficiaron de unas reducciones conjuntas en la base imponible general del IRPF por importe de 771 millones de euros que el Estado dejó de ingresar, el equivalente a 100 euros por cada tenedor de un plan.
A Pedro Sánchez y, en particular a sus socios de Gobierno, esta cantidad, que equivale al 2,21% de todos los beneficios fiscales que están recogidos en los vigentes Presupuestos Generales del Estado (34.825 millones), le quita el sueño y está decidido a reducirla. A pesar, incluso, de que los beneficios fiscales se acaban recuperando cuando se perciben las prestaciones. Según la legislación, se consideran rendimientos del trabajo a los efectos de integrarse en la base imponible del IRPF y a efectos de retenciones.
A día de hoy y tras las sucesivas reformas que gobiernos de todo signo político han llevado a cabo en la fiscalidad del ahorro, las aportaciones realizadas por el partícipe de un plan de pensiones pueden reducirse de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con un límite de 8.000 euros anuales. Hubo tiempos en que se pudieron llegar a desgravar, según condiciones y edad, más de 20.000 euros; después 12.500, luego 10.000, hasta llegar, en 2015, al actual límite. La Comisión Europea llegó a calificar a los planes de pensiones españoles “el peor producto de inversión de Europa” en 2014.
Esta semana, el Gobierno ha dejado caer la primera amenaza de reducir este límite a sólo 2.000 euros anuales, lo que puede dar la puntilla a una modalidad de ahorro que nunca ha terminado de gustar a los ministros de Hacienda y que en la actual crisis sanitaria se ha declarado poco útil para satisfacer la necesidad inmediata de liquidez de los españoles. Quizás, porque según la propia definición que da Inverco, “son productos de ahorro a largo plazo que tienen un carácter finalista, es decir, están diseñadas para cubrir determinadas contingencias, principalmente la jubilación”
No deja de sorprender que el Gobierno no haya hecho referencia alguna a limitar o eliminar las exenciones fiscales acerca del “gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas”, que en el año en curso supondrán un “deterioro” de los ingresos del Fisco de 396 millones de euros, al dejar exentas de tributación una parte de los mismos (los 40.000 primeros euros en 2020).
10 millones de planes de pensiones
En España, alrededor de diez millones de personas tienen suscrito un plan de pensiones con alguna entidad financiera o compañía aseguradora. Siete millones y medio de forma individual y el resto a través de las empresas en las que trabajan. En total, han generado derechos para el pago de prestaciones por un importe de 118.828 millones de euros a cierre de agosto, de los que 77.601 millones se acumulan en los planes individuales.
La principal crítica que abanderan desde el Ejecutivo es que las leyes han incentivado de forma desproporcionada aportaciones muy elevadas para determinados contribuyentes con elevada capacidad económica.
Puede que, en parte, no le falten argumentos. De los 7,5 millones de tenedores de planes individuales de pensiones, solo tres millones realizan aportaciones periódicas, siendo la más frecuente de entre 301 y 900 euros al año, según Inverco, y únicamente 350.000 personas realizan aportaciones anuales superiores a los 3.000 euros. Olvidan que los planes de pensiones son un complemento, no la alternativa, al sistema público, cuya sostenibilidad a medio plazo está más que cuestionada por el propio Pacto de Toledo. Son, además, el último recurso con el que premiar el ahorro, en un país con una deuda que supera ya el 110% del PIB.
El Banco de España confirma que lo españoles prefieren derivar el ahorro hacia la compra de vivienda. El 85% de la riqueza financiera de las familias está en el sector inmobiliario. De hecho, los mayores de 65 años (unos 9 millones, según el INE) tienen más de 600.000 millones de euros invertidos en su propia vivienda, aunque muchos de ellos lleguen a fin de mes con dificultades económicas. Solo el 15% está depositado en activos financieros.
De acuerdo con las cuentas financieras que publica el instituto monetario, el 40% de los activos financieros de los hogares está en efectivo y depósitos; un 27%, en acciones de empresas cotizadas y no cotizadas; un 16% en seguros y fondos de pensiones, y un 13% en fondos de inversión. En total, 2,288 billones de euros que, descontada la deuda que tienen contraída se reduce a una riqueza neta de 1,527 billones, el 123,2% del PIB.
Los problemas de los fondos de pensiones
La crisis de 2008 y la más reciente de la covid ha destapado uno de los problemas de los fondos de pensiones: su iliquidez, que se suma a la volátil seguridad jurídica que necesita una inversión a largo plazo. Hay que esperar a la jubilación, salvo casos excepcionales, para recibir las prestaciones como rentas del trabajo si no se quiere pagar una importante factura a Hacienda por el rescate.
Esta circunstancia se ha hecho patente este año a medida que se reducía la tesorería de las familias. En el mes de abril, el patrimonio de los fondos de pensiones cayó en 5.219 millones de euros (un 6,5%) respecto al dato de enero, en el que ha sido el mayor descenso registrado desde que se dispone de datos. La situación inicial parece haberse restablecido en verano. Estos tres últimos meses de 2020 darán la respuesta a las intenciones del Gobierno, al concentrar las mayores aportaciones de los partícipes que persiguen ajustar sus cuentas con Hacienda.
Las próximas ventanas de liquidez abiertas por el Gobierno de Rajoy para rescatar con descuento las aportaciones de más de diez años de antigüedad y la posible reducción del atractivo financiero-fiscal que prepara el Gobierno pueden acabar con esta fórmula de ahorro, como sucedió con el fin de las deducciones por la compra habitual de vivienda acordadas en 2013. Porque el desplome de los tipos de interés ha provocado una huida de los depósitos bancarios hacia las cuentas corrientes. Ahorrar en España está a punto de convertirse en delito.
