Los próximos meses serán de actividad frenética en el Ministerio de Fomento, con una agenda repleta de objetivos para cumplir antes de que acabe el año: licitar 2.000 millones de euros del plan de carreteras, volver a poner en el mercado las concesiones en situación de quiebra, aprobar importantes normativas en materia ferroviaria y portuaria… Un periodo que no estará exento de dificultades, como las que puede plantear el proceso de liquidación de las radiales. Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de infraestructuras, repasó toda la actualidad en un desayuno informativo organizado por Vozpópuli y Executive Fórum, con la colaboración de Sacyr y Banco Sabadell.
El número dos de Fomento reiteró la intención del departamento de poner de nuevo en el mercado las concesiones que se encuentran en situación de quiebra antes de que finalice el presente año. Por el momento, el Gobierno ya ha asumido el control de dos de ellas (R-4 y R-2) y espera hacer lo mismo con las restantes en las próximas semanas. Sin embargo, el proceso podría complicarse dado que el Ejecutivo no ha podido llegar a un acuerdo con los fondos acreedores de las concesiones sobre el coste de liquidación de las concesiones, esto es, la célebre Responsabilidad Patriomonial de la Administración (RPA).
"El Gobierno deberá calcular la RPA cuando haya asumido el control de las concesiones y haya hecho las correspondientes due-dilligence. Si los acreedores no están de acuerdo con la cantidad se abrirá un proceso litigioso, que nosotros no queremos", apuntó Gómez-Pomar, quien lamentó que no fuera posible un pacto en su día, cuando la banca aún no había vendido la deuda de las concesiones a los fondos. "Estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo, que además era bueno para los bancos porque planteaba una quita pero muy inferior a la que han tenido que aceptar de los fondos, que en algunos casos ha llegado al 90%".
Tras años de protagonismo casi exclusivo de la red de alta velocidad, las carreteras vuelven a la primera línea del ministerio, con el plan público-privado para invertir hasta 5.000 millones de euros en una veintena de proyectos en esta área. Gómez-Pomar confirmó que la intención del Gobierno será licitar contratos por unos 2.000 millones antes de que finalice 2018. Y recordó que las empresas tan sólo deberán aportar el 20% de la financiación. La mitad del 80% restante correrá a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Unas licitaciones que ya se llevarán a cabo con la nueva Ley de Contratos Públicos, uno de cuyos objetivos es acabar con las tristemente célebres bajas temerarias. En este sentido, el secretario de Estado aseguró que "la Administración siempre quiere adjudicar obra a precios razonables, aunque a veces es difícil de conseguir". Además, señaló que las últimas actuaciones de Fomento se han traducido en un recorte de las bajas, hasta el entorno del 30%, aunque estimó que esta cifra es aún demasiado elevada.
Tras su intervención inicial, algunas de las preguntas versaron sobre el proceso de ofertas para hacerse con el control de Abertis, en el que el Ministerio ha sido protagonista al exigir las oferentes (Atlantia y Hochtief) la solicitud al Gobierno de una autorización por ser el objetivo de las propuestas económicas una concesionaria del Estado. "Al Gobierno no le preocupa la nacionalidad del comprador sino el cumplimiento de la Ley. Ha interpretado que el cambio de control de la concesionaria supone también un cambio de control en la concesión y, en este caso, la normativa exige una autorización".
Perfecto conocedor del sector ferroviario tras su paso por Renfe, Gómez-Pomar también tuvo tiempo para recordar que en la actualidad el Gobierno ultima la transposición del denominado cuarto paquete ferroviario, que hará que España cumpla con la obligación por parte de la Comisión Europea de liberalizar el transporte de pasajeros por vía férrea a partir de enero de 2021. El secretario de Estado hizo hincapié en el importante papel que tendrá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo regulador aunque recordó que los cánones que se abonan a Adif por el uso de las vías deben ser fijados por Ley, una situación que deberá resolverse según lo que dicte Bruselas.
Por último, el secretario de Estado de Infraestructuras quiso enviar un mensaje de tranquilidad al colectivo de estibadores después de que en las últimas semanas volviera a surgir un conato de movilizaciones ante el retraso en la aprobación del Decreto que debe desarrollar el nuevo marco normativo del sector.
Gómez-Pomar anunció que el texto está a punto de entrar en fase de consulta pública y que será aprobado posteriormente, tras el preceptivo informe del Consejo de Estado. Además, recalcó que, en todo momento, "Bruselas está al corriente del contenido del Decreto para asegurarse de que cumple con la normativa comunitaria".
El secretario de Estado se felicitó por el acuerdo alcanzado recientemente en el Puerto de Algeciras, el primero del país por volumen de mercancías. "Que haya sido posible este acuerdo pone de manifiesto que el entorno normativo es el adecuado".
